Contrato para un matrimonio estafado

Cuando T. R. U. decidió dar un empleo a José, de 25 años, y Tashira, de 23, una pareja de inmigrantes peruanos, creía que ambos se hallaban en proceso de regularización. También ellos mismos lo pensaban. Pero cuando su empleador descubrió que no era así, decidió mantener el contrato, pese a la preocupación por estar infringiendo la legalidad.

T. R. U., un vizcaíno de 43 años, necesitaba a dos trabajadores más para la finca ganadera que gestiona en el País Vasco. Prefería que fuese un matrimonio por las características del trabajo y del lugar. Necesitaba que residieran en la misma finca, que se halla aislada y con escaso transporte público.

Hace un año contrató, gracias a la recomendación de un amigo, a la pareja de peruanos, quienes le dijeron que sus permisos de residencia y de trabajo estaban siendo regularizados. Y ellos mismos aseguran que lo creían así. Hasta que un abogado con el que habían contactado en un locutorio de la calle madrileña de San Diego, que les pidió 2.600 euros por tramitar su caso, les indicó que sus permisos habían sido rechazados. Después supieron que todo había sido un engaño, que el resguardo que les habían dado era falso y que sus documentos nunca pasaron por Extranjería.

José y Tashira, naturales de un pueblo pesquero peruano, llegaron a Euskadi tras vivir un año y dos meses en Madrid. Antes habían residido dos años en Buenos Aires. "Ser inmigrante es diferente en Madrid que en el País Vasco. Allí nos trataron como a perros y aquí sí nos sentimos personas", afirman.

Vista su situación, su empleador trató de regularizarlos "por el sistema antiguo", presentando una demanda de empleo de un matrimonio interno. Al principio, tuvieron esperanzas de que funcionase, ya que en el Inem no figuraba ninguna demanda para ese puesto, así que se podrían solicitar inmigrantes. Pero perdieron las esperanzas cuando se enteraron que tendrían que ser personas que el Gobierno trajese ya con un contrato en origen de su país. No podían ser José y Tashira, quienes ya residían de forma irregular en España.

A T. R. U. le parece "absurdo" este procedimiento. Es consciente de que emplear a sin papeles supone un riesgo legal para él, pero está dispuesto a correrlo. "Son gente seria que lleva varios años en el país y que quieren trabajar". Apuesta sin reservas por sus empleados peruanos e incluso es partidario de que se abran por completo las fronteras a quienes necesitan trabajar y están dispuestos a hacerlo bien. "No se pueden poner vallas al campo". Sabe que los sin papeles son muy fáciles de explotar y, que a la vez, los inmigrantes pueden hacer muchas "trampas" para aprovecharse de la situación. Como ejemplo cita a quienes, por una parte, reciben ayudas y por otra "trabajan en negro". Agrega que en el País Vasco "no hay demasiada explotación" porque al haber pocos inmigrantes están "muy informados y asesorados por el Gobierno autónomo".

T. R. U. tiene contratado al matrimonio de una forma "peculiar", y hasta ahora no han tenido ningún problema. En su contrato, la pareja figura como arrendataria de la vivienda en que habita comprometiéndose a trabajar ciertas horas dentro de la finca. En realidad, también perciben un sueldo. El empleador dice que siente un temor constante por la irregularidad de la situación. "Pero les hemos cogido cariño y hacen bien sus tareas".

La irregularidad, en principio, está a punto de resolverse a través de una tercera vía. Y tiene un nombre muy vasco, Ainhoa. Es la hija que José y Tashira tuvieron hace ahora siete meses cuando ya trabajaban en la finca. La pequeña obtuvo automáticamente la nacionalidad española, ya que, según las leyes peruanas, perdió esta nacionalidad cuando sus padres renunciaron a inscribirla en su país de origen.

"No planeábamos tener a la niña. Al principio, se nos vino el mundo encima, pero ahora estamos felices y nuestra hija tendrá todas las oportunidades de hacer lo que ella quiera", afirma la pareja. Un abogado de la consejería vasca de Vivienda y Asuntos Sociales les ha dado muchas esperanzas de que ambos puedan obtener sus permisos de residencia y de trabajo, pero tardará todavía cerca de año y medio.