El Gobierno de Maragall anula dos duopolios que CiU prorrogó hasta 2014

El consejero de Industria de la Generalitat de Cataluña, el socialista Josep Maria Rañé, informó ayer al Gobierno catalán de su decisión de anular las prórrogas de dos duopolios decretadas por el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) justo antes de abandonar el poder. Dos meses antes de las últimas elecciones autonómicas, el Gobierno nacionalista amplió hasta 2014 las concesiones para la inspección técnica de vehículos (ITV) y la inspección y control industrial (EIC), que no vencían hasta 2006. La facturación conjunta de ambos servicios fue en 2003 de 67,2 millones de euros, según datos de la Generalitat.

Ante las "dudas jurídicas" sobre la prórroga señaladas ayer por Rañé, el portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, subrayó que la medida era necesaria en aras de la transparencia: "Queremos la máxima transparencia para evitar cualquier sombra de duda".

En septiembre de 2003, cuando se prorrogaron ambos duopolios, el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) explicaron la decisión por el deseo de CiU de "blindar" a determinadas empresas ante su eventual derrota electoral. El portavoz parlamentario de ICV, Joan Boada, que había acudido a los tribunales para impedir la prórroga, insistía ayer en que la decisión del Gobierno de izquierdas supone un revés "al amiguismo entre CiU y determinados poderes económicos".

Recursos de los afectados

Las concesiones sobre ITV se las reparten Applus+ (del grupo Agbar) y RVSA, mientras que las empresas concesionarias de inspección industrial son ICICT y ECA. Las empresas afectadas estudian ahora la posibilidad de acudir a los tribunales. Applus+ anunció ayer que emprenderá acciones legales y RVSA se limitó a considerar que la decisión "es injusta y crea inseguridad jurídica". Ambas firmas aseguraron haber comprometido inversiones como consecuencia de la prórroga, aunque eludieron detallarlas.

La decisión del Gobierno catalán anula la prórroga, pero mantiene las respectivas concesiones hasta 2006. Rañé, que esgrimió tres informes jurídicos para justificar la anulación de la prórroga, rechazó la posibilidad de indemnizar a las cuatro empresas afectadas, pero se mostró abierto a recalcular el canon acordado tras la prórroga para 2004.

El Gobierno catalán subrayó que las cuatro empresas estaban realizando bien su trabajo y se comprometió a abrir un debate sobre el modelo que guiará la prestación de ambos servicios a partir de 2006, pero apuntó ya cuatro criterios: máxima calidad para garantizar la seguridad, "control efectivo" por parte de la Generalitat -sin descartar el régimen de autorización ni las empresas con participación pública-, implantación que cubra todas las comarcas de Cataluña y "precios ajustados".

Antoni Fernández Teixidó, el consejero de CiU que firmó la prórroga, defendió su decisión para "proteger el modelo de concesión" y subrayó el rigor jurídico de la misma.