El Gobierno chino prohíbe la compraventa de sangre para combatir la epidemia de sida

El Congreso Nacional del Pueblo de China aprobó el pasado fin de semana una nueva versión de la Ley para la Prevención y el Control de las Enfermedades Infecciosas. Por primera vez la norma hace mención expresa a la transmisión del VIH (el virus de la inmunodeficiencia humana que causa el sida), e incluye la prohibición de pagar las donaciones de sangre, según la versión digital del Diario del Pueblo (english.people.com.cn).

Esta medida pretende frenar la expansión de la infección, que de acuerdo con los datos oficiales afecta a 840.00 personas de las 31 provincias, municipios y regiones autónomas del país, desde que las autoridades reconocieran el primer caso en 1985 (ONG que trabajan en el país afirman que la cifra es superior al millón y medio).

Un 11% de las personas infectadas por el VIH fueron víctimas del sistema de donación de sangre a mediados de los noventa. Entonces muchos campesinos la vendían a centros ambulantes o a sanatorios locales que no utilizaban material de un solo uso. Además, tras separar el plasma de la sangre, en muchos casos se les reinyectaba lo que quedaba -ya contaminado- para evitar la anemia en una población mal alimentada y para que pudieran vender sangre otra vez lo antes posible, con lo que obtenían unos yuanes extra cuando había malas cosechas.

El resultado fue que en provincias como Henan, Anhui y Shandong más de un millón de campesinos se infectaron, según la ONU. Muchos han muerto ya, pero en algunas comunidades la infección afecta al 60% de la población. La ONU calcula que, si no se toman medidas, en 2010 la población con VIH alcanzará en China los 10 millones de personas, el doble que la que vive actualmente con el virus en Suráfrica, el país con más casos.

La ley sobre enfermedades infecciosas incluye el acceso a los tratamientos. Los responsables de darlos serán los gobiernos regionales, pero la administración central deberá colaborar con las áreas que no puedan atender su población. También se fijan penas para quienes discriminen a la población infectada.