El Gobierno madrileño dice que la regularización tendrá un "efecto letal" en los servicios sociales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid cree que la regulación de inmigrantes tendrá un "efecto letal" sobre los servicios sociales. Así lo afirmó el vicepresidente primero, Ignacio González, que pidió al Gobierno que cuide los anuncios que hacer en esta materia, ya que puede producirse un efecto llamada. "Aquí no cabemos todos", llegó a señalar González, que fue secretario de Estado para la Inmigración de julio de 2002 a noviembre de 2003. Estas declaraciones y las de la portavoz de Inmigración del PP, Ángeles Muñoz, cosecharon una condena unánime de los sindicatos y varias ONG.

Según el vicepresidente primero y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, "el Gobierno socialista debería ser mucho más prudente con la gestión de la inmigración, experimentar menos y tratar que sus políticas estén acordes con las políticas comunitarias". "Hay que medir muy bien las políticas y los mensajes, si no se quieren generar efectos perversos. Aquí no cabe todo el mundo. Desgraciadamente la capacidad de acogida es muy limitada", explicó el ex secretario de Estado de Inmigración.

González recalcó "el efecto perverso" que en España puede tener el anuncio de legalizar a todos los inmigrantes. Se trata, según sus palabras, de "un efecto diferido letal en los servicios públicos", ya que se deberá atender a las personas que residan en el país con independencia de su situación legal: "Cuanto más efecto llamada, más sobredemanda de servicios se va a producir por parte de personas que vienen masivamente". Todo ello repercutiría en "una mayor tensión en los servicios públicos, mayor gasto que habrá que tener en cuenta a la hora de dimensionar los recursos", aseguró. La portavoz de Inmigración del PP, Ángeles Muñoz, se sumó ayer también a esa postura contra la regularización: "Nos estamos jugando el futuro", indicó tras preguntar al Gobierno "cómo se va a financiar la sanidad y la educación".

La indignación se extendió ayer a distintas organizaciones. Todas coincidieron en pedir responsabilidad al PP para que abandone un discurso "que puede alentar la xenofobia". Sobre todo, indican, se trata de un "discurso demagógico" porque los inmigrantes disfrutan de la sanidad y de la educación sean regulares o irregulares. "Lo que ocurrirá a partir de ahora", explican, "es que cotizarán a la Seguridad Social y pagarán impuestos".

Para Julio Ruiz, secretario de Migraciones de CC OO, se trata de "declaraciones indeseables" que provienen de un partido que "tiene poca autoridad" para arremeter contra cualquier medida en materia migratoria: "son los responsables de esta situación y durante su mandato han ocurrido cosas inhumanas". "Todavía me acuerdo de aquel 'teníamos un problema y lo hemos resuelto' que dijo Aznar cuando drogó a los inmigrantes para repatriarlos". En UGT califican las declaraciones como "rocambolescas", pero aseguran que responde al "discurso típico de la derecha". Jesús Pérez, secretario ejecutivo del sindicato, asegura que el PP "trata de atemorizar a la sociedad ante el fenómeno de la inmigración".

El presidente de ATIME, Mustafá El Mirabet, reclamó al secretario general del PP, Mariano Rajoy, responsabilidad y moderación para evitar "jugar con este tema". "Estar en la oposición no les da vía libre para decir cualquier cosa" y menos, indicó "para generar alarma social". En la misma línea se manifestó la coordinadora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid, Estrella Lorente: "No se puede insinuar que la regularización perjudicará los servicios sociales. Ese millón de inmigrantes está ya aquí disfrutando de ellos, y pasarán a cotizar y a pagar impuestos directos, lo que irá en beneficio de todos". Diego Lorente, responsable de SOS Racismo pedirá al PP una rectificación de unas declaraciones que califica de "injustas, que no se corresponden con la realidad, y que promueven el racismo".