Interior revisará una a una las escoltas de 5.000 amenazados

El Ministerio del Interior está realizando un estudio para revisar, caso por caso, la situación de los más de 5.000 amenazados por la banda terrorista ETA que disponen de protección a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de empresas privadas pagadas con fondos públicos. El objetivo, según fuentes de dicho departamento, es "optimizar y racionalizar" los servicios de protección. La Secretaría de Estado de Seguridad dispone para este año de una partida de 67,3 millones de euros con este objetivo.

El departamento que dirige José Antonio Alonso encargó en junio pasado la elaboración de un mapa de riesgo terrorista para adaptar a la actual situación el servicio de escoltas. Lo que se pretende es reducir la protección de aquellas personas que hace ya tiempo que vieron disminuir su nivel de riesgo y prestarla, en cambio, a quienes carecen de ella pese a haber pasado a engrosar la cada vez más larga lista de objetivos de la banda terrorista. También se quiere poner fin a algunos abusos que han sido denunciados por los propios escoltas.

Sustituir guardaespaldas por sistemas de contravigilancia, evitar el desplazamiento de los escoltas en viajes dentro de España o evaluar si es necesaria su presencia en actividades no programadas son algunas de las fórmulas en estudio.

Fuentes de Interior sostienen que la protección personal que se presta en el País Vasco y Navarra no resultará afectada por eventuales reducciones. "Sabemos que allí cualquiera puede informar en cualquier momento de que un amenazado va sin escolta", alegan las mismas fuentes.

Sólo en el País Vasco hay casi 1.200 personas con escolta, desde concejales a periodistas, cuya protección financian a medias los Gobiernos central y vasco. El Ministerio del Interior se hace cargo en solitario de la protección de otras 4.000 personas en el resto de España.