Ex combatientes enemigos

"Sólo me dijeron: 'Eres inocente', pero nadie me pidió disculpas", relató Mohamed Sanghir al diario Le Monde cuando regresó, en noviembre de 2002, a su pueblo de Pakistán después de pasar 10 meses encarcelado en la base norteamericana de Guantánamo (Cuba). Después de Sanghir, Estados Unidos ha ido entregando, con cuentagotas, a 155 presos de la base cubana a sus países de origen. Todos fueron detenidos como "combatientes enemigos" -un invento jurídico de la Administración estadounidense- sin derecho a abogado, juicio o acusación formal. "En el momento de su detención representaban una amenaza para Estados Unidos", se justifica el Pentágono. Hasta que, un buen día, como en el caso de Sanghir, Washington decidió que ya no eran peligrosos y "no tenían más valor para los servicios de inteligencia", y les mandó de vuelta a casa. Las supuestas "amenazas" recobraron la libertad sin haber sido inculpados, y sin cobrar indemnización alguna por los meses, o incluso años, de cárcel.

Del campo de alta seguridad salieron nacionales de Marruecos, Francia, Arabia Saudí, Suecia, Afganistán, Turquía, Tayikistán, Sudán, Irak, Jordania, Yemen, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Dinamarca y España. Entre los 156 elegidos, 22 fueron entregados a sus Gobiernos para seguir detenidos. Pero, en la mayoría de los casos, los jueces no encontraron nada de que acusarles y tuvieron que soltarlos. El español de Guantánamo, el ceutí Hamed Abderrahaman, fue entregado a las autoridades españolas el pasado 13 de febrero y puesto en libertad unos meses después por el juez Baltasar Garzón a la espera de cerrar la investigación. En Reino Unido, Scotland Yard tuvo que liberar al poco tiempo a los cinco presos que le devolvió Estados Unidos en marzo. Una decisión visiblemente embarazosa para el Gobierno de Tony Blair, fiel aliado de Washington. "El hecho de que la policía y la fiscalía hayan decidido que no había suficientes pruebas para perseguirles ante la justicia británica no significa que su detención en Guantánamo no fuera justificada", dijo Jack Straw, el ministro de Exteriores.

A la salida del único sueco de Guantánamo, la ministra de Exteriores, Laila Freivalds, explicó que no había sido fácil convencer a los norteamericanos de "la necesidad de respetar los principios jurídicos fundamentales". "Pero conseguimos hacerles entender que no se puede mantener a la gente presa de forma indefinida sin acusarla". Hasta Rusia, no precisamente el mejor alumno en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, tuvo que recordar a la Administración estadounidense algunos principios. Los siete talibanes rusos de Guantánamo, que habían expresado su deseo de seguir en manos de Estados Unidos por temor a ser torturados en las cárceles rusas, fueron finalmente entregados a Moscú a finales de febrero y, para sorpresa general, liberados en junio. "¿En virtud de qué principio podemos detenerlos? ¿Bajo qué pretexto son peligrosos?", dijo el portavoz de la fiscalía general de Rusia.

Hasta ahora, cuatro saudíes, cuatro franceses y cinco marroquíes siguen en la cárcel en sus respectivos países. Ninguno ha sido juzgado. Mientras, las demandas se acumulan contra Estados Unidos. Tres de los británicos liberados han publicado un informe en el que denuncian las torturas de las que fueron víctimas durante su cautiverio. El español asegura que, una vez cerrada la investigación del juez Garzón, piensa presentar una denuncia contra el Gobierno de Bush. Lo mismo ha anunciado el sueco, Mehdi Ghezali.

En su defensa, el Pentágono hace un uso discrecional del Derecho Internacional. "Las leyes de la guerra [la Convención de Ginebra] permiten la detención de combatientes enemigos para el tiempo del conflicto", asegura un portavoz militar de Washington. Es decir, según el Gobierno de Bush, Estados Unidos está librando una guerra y, por tanto, puede detener hasta el fin de las hostilidades a los combatientes del bando rival. Mientras, en Guantánamo, siguen "aproximadamente" 585 presos, según el comunicado oficial de Defensa.