El Supremo confirma que el primer ministro no será juzgado por corrupción
El Tribunal Supremo de Israel ratificó ayer la decisión del fiscal general del Estado, Menajem Mazuz, de no juzgar al primer ministro, Ariel Sharon, por corrupción en el llamado caso de la isla griega. Seis de los siete jueces del tribunal estimaron que el dictamen del pasado junio del fiscal general, en el que cerraba el caso por falta de pruebas, estaba justificado.
El pasado 21 de enero, la justicia acusó a David Appel, empresario y militante del Likud, el partido de Ariel Sharon, de intentar sobornar en 1998 al actual primer ministro israelí, entonces ministro de Exteriores, para promover un proyecto de construcción turístico. También está implicado el hijo menor de Sharon, Gilad Sharon, por facilitar los contactos entre los dos hombres. La justicia sospechó entonces que el primer ministro había sido sobornado por Appel. Tras varios meses de investigación, el fiscal general decidió, el pasado 15 de junio, cerrar el caso por falta de pruebas. Diputados de la oposición recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo, argumentando que el predecesor de Mazuz, Edna Arbel, había recomendado perseguir a Sharon y a su hijo por corrupción.
La implicación del primer ministro en un juicio por corrupción hubiera podido llevar a su renuncia y al abandono del plan de desmantelamiento de las 21 colonias en la franja de Gaza. La decisión del Tribunal Supremo deja abierto el camino a Sharon para llevar adelante la aplicación de su plan y continuar sus negociaciones para ampliar la coalición del Gobierno.
Sin embargo, Ariel Sharon está todavía amenazado por la justicia de su país. En enero de 2003, la policía israelí empezó a investigar irregularidades en su campaña electoral de 1999. Sharon habría obtenido una ayuda financiera de un empresario surafricano, a pesar de que las donaciones extranjeras están prohibidas en campaña electoral. Sharon negó esta acusación, y la investigación sigue abierta.
Al conocer la decisión de ayer del Tribunal Supremo, Yosi Sarid, uno de los diputados que recurrió en junio, declaró a una radio pública israelí: "Aunque no exista el caso de la isla griega, el mar de la corrupción existe de verdad".
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