Las quejas que recibe el Síndic aumentaron un 44% en este año

El Síndic de Greuges ha recibido durante los primeros siete meses de este año 1.422 quejas ciudadanas contra decisiones de la Administración, lo que implica casi un 44% más que las 988 registradas durante el mismo periodo del pasado ejercicio. Según se desprende de la página web del defensor del pueblo autonómico, que tiene su sede en Alicante, de enero a julio de 2002 las denuncias recibidas fueron 1.531, mientras que la cifra se situó en 673 en 2001, 846 en 2000 y 957 en 1999.

Sin embargo, en la comparativa interanual por meses, las 159 quejas presentadas durante julio de 2004 contrastan con las 177 recibidas en 2003 y las 181 de un año antes, aunque sí superan las 92 de 2001 y las 98 registradas tanto en 2000 como en 1999. Durante el periodo estival la actividad de la institución autonómica suele reducirse considerablemente, lo que explica que en los meses de julio y agosto, desde 1999 a 2003, la cifra de quejas haya oscilado entre las 52 y las 181.

Por el contrario, el mes que mayor volumen de denuncias acumuló fue diciembre de 2001, con un total de 1.355, lo que elevó el número de quejas acumuladas a final de ese año a 2.368, el máximo histórico alcanzado por el Síndic de Greuges. También fueron importantes en cuanto al volumen de quejas el mes de febrero del presente año, con 459, el mismo mes del año anterior, con 354, y marzo de 2002, con 355.

Última denuncia

La última queja analizada por la institución que dirige Bernardo del Rosal hace referencia a la negativa del Ayuntamiento del Castell de Guadalest (La Marina Baixa) a proporcionar información a un grupo ecologista sobre dos depósitos de agua construidos en suelo no urbanizable de la partida Farraget. Los ecologistas presentaron ante el Consistorio un escrito el 9 de mayo del pasado año por el que reclamaban que se les informarse acerca de si los citados depósitos contaban con la licencia de obras o autorizaciones necesarias para su construcción. El 12 de marzo de este año el Ayuntamiento respondió que tenía constancia de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil había informado detalladamente a la asociación, por lo que, "por economía procesal", consideraba que no era procedente facilitarle tales datos.

El Síndic recuerda en su resolución que la corporación no acompañaba ese informe de documento alguno que acreditase la respuesta del Seprona, cuya recepción niegan en su queja los ecologistas. Por este motivo, la institución autonómica insta al Ayuntamiento a que, en cumplimiento de su deber legal, resuelva en el plazo de dos meses las solicitudes de información medioambiental presentadas por los reclamantes. El Síndic recomienda también "remitir a la asociación ecologista una copia de los documentos y actuaciones desplegadas por el Seprona que se encuentren en poder del Ayuntamiento".