En medio del desierto informativo

Por desinformación, Betti Cobos, una ecuatoriana con residencia legal desde hace dos años en España, volvió a Ecuador a buscar a sus dos hijos pequeños después de gestionar su documentación. Parió a su tercer hijo en Quito dos meses antes de lo previsto. Se atrasó y tuvo que volver a España dejando a sus tres hijos allí, incluido el recién nacido, que si ella hubiera dado los pasos correctos habría sido español de nacimiento. Cuando llegó a Barcelona, dos meses después de lo acordado con su patrón, estaba sola y había perdido el empleo.

Además de afrontar la incomprensión, los oportunismos y un sinfín de complicaciones burocráticas, los inmigrantes no tienen acceso rápido a información fehaciente sobre los modos en que se deben llevar a cabo sus trámites.

Los asesores cobran 20 euros por cada consulta y cerca de 300 por la tramitación completa

La asociación que la asesoraba entendió mal una carta de la Administración

Betti había sido asesorada por una asociación de inmigrantes (ella prefiere no mencionar el nombre) pagando, en cuotas, 140 euros por hacer preguntas durante todo el proceso. Cuando, después de demostrar que contaba con medios suficientes, recibió la notificación de la Administración para la reagrupación familiar, en el escrito que le enviaban se indicaba: "El interesado deberá solicitar la tarjeta de residencia en el plazo de un mes de su llegada a España". La asociación entendió que Betti tenía un mes para ir a buscar a sus hijos. En realidad, ni siquiera hacía falta que viajara. Los niños, con la autorización de su padre, podían volar y al llegar a España tendrían un mes para presentarse en la Delegación de Gobierno.

"Me hubiera quedado en mi país, pero eso implicaba que perdía mi propio permiso de residencia en España", explica Betti en un tono que pide a gritos ayuda. "Allí no tengo ni trabajo ni casa y desde aquí por lo menos sé que puedo enviarles algo a mis hijos, para que no mueran de hambre".

La historia de Betti es sólo un ejemplo de los miles de casos fallidos. "Faltan infraestructuras y profesionalismo. Lo que sucede es que las asociaciones de inmigrantes a veces no saben cómo ayudar y, aunque tienen buena voluntad, como atienden a mucha gente y cuentan con poco tiempo, terminan por causar más problemas", explica Javier Bonomi, el abogado que recibió a Betti en estado de desesperación, y que trabaja para la Red Solidaria Argentina en Barcelona y diversas asociaciones. "Estamos solicitando al Gobierno que se destinen más recursos a la atención al inmigrante", comenta Bonomi, quien atiende gratis unas 800 citas mensuales.

La Generalitat y el Gobierno central llegaron un acuerdo para que los trámites puedan efectuarse en las oficinas de Trabajo. La medida ha logrado desatascar los trámites, pero muchas veces falta asesoramiento.

Por ahora, para el inmigrante que debe tramitar su visado resulta muy difícil encontrar algún asesor en quien confiar.

En los medios de comunicación dirigidos a comunidades latinas o árabes aparecen anuncios de abogados que cobran unos 20 euros por cada consulta (y cerca de 300 por la tramitación completa, según cada caso). Pero pagar tampoco garantiza que el abogado haga bien los trámites. De hecho, el pago incrementa las posibilidades del inmigrante de caer en estafas.

Gratuitamente, por Internet o guardando una larga cola, la Delegación de Gobierno entrega documentos en los que incluye los requisitos para cada tramitación. Pero por la complejidad del papeleo y los términos utilizados en la explicación, resulta difícil cumplimentar los requisitos sin la ayuda de un asesor. Por ejemplo, en la hoja informativa de Autorización de trabajo por cuenta ajena (visado de trabajo por contrato) se solicita, entre otros, "aquellos documentos que justifiquen que concurren, si son alegados por el interesado, alguno o algunos de los supuestos específicos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Extranjería, en concordancia con el art. 71 del R. D. 864 / 2001, de 20 de julio".

"Asumimos que hay déficit de información", ha reconocido Eduard Planells, subdelegado del Gobierno en Barcelona. "La información se da a través de Internet, teléfono, entidades y asociaciones. En los próximos meses creemos que seremos capaces de arreglarlo", agrega.

La Generalitat no tiene competencia para otorgar visados, pero es responsable por su acogida, brinda un servicio oficial y gratuito de asesoría y gestión a través de los ayuntamientos, municipios y entidades. Pero los resultados de consultar a estas organizaciones dependen de la suerte de donde recurra el inmigrante. En Barcelona, por ejemplo, aun con la participación de los sindicatos CC OO y UGT, los trabajadores del Servicio de Atención a Inmigrantes Extranjeros y Refugiados (SAIER) se encuentran desbordados de trabajo. El inmigrante tarda un mes en conseguir entrevistarse con un gestor, a lo cual debe sumarse que la primera cita con la Delegación del Gobierno para pedir el visado requiere otros seis meses de espera.

En Cataluña, una guía de acogida editada por el Gobierno se explaya en asuntos de lenguaje y tradición catalanas, impuestos, trabajo, sanidad, vivienda y transporte, y sólo dedica tres páginas al capítulo: Es necesario tener estancia o permanencia legal. "Somos responsables de la inclusión social del inmigrante. Eso no es necesariamente un servicio de documentación. De eso se encarga cada ayuntamiento", dice Saoka Kingolo, responsable del área de Ciudadanía y Participación de la Secretaría para la Inmigración. "En el próximo plan de inmigración queremos coordinar a todas las entidades que ayudan al inmigrante, para dar un servicio adecuado". Mientras, el caso de Betti sigue sin resolverse. Ha logrado otro trabajo, pero no fijo, que es lo que la Administración le exige para que pueda traer a sus hijos.