El casero podrá cobrar de la Administración la ayuda al alquiler destinada al inquilino

La ayuda pública al inquilino, una de las medidas estrella del Gobierno para promover el alquiler, está destinada a los arrendatarios menores de 35 años. Pero esta subvención, de hasta 240 euros mensuales, también podrá ser cobrada directamente por el casero, que "descontará previamente la cuantía de la ayuda de la renta a abonar por el arrendatario", según el plan de choque del Ministerio de Vivienda para facilitar el acceso a un piso que acaba de entrar en vigor. En el primer trimestre, último del PP en el poder, el número de viviendas protegidas iniciadas cayó un 13%.

La carestía de la vivienda ha provocado que cada vez sea más difícil comprar piso. El precio medio ha subido entre 1999 y 2003 un 80%, 18 veces más que los salarios, según el Instituto Nacional de Estadística. Y las alternativas a la compra en el mercado libre son escasas: el alquiler apenas representa un 15% del total de viviendas y sólo el 10% de los pisos que se construyen son protegidos (tienen un precio máximo y ayudas para su compra).

Para intentar paliar esta situación, el Gobierno acaba de aprobar la primera parte de un plan de choque, con un coste total de 4.282 millones de euros, que persigue poner en el mercado cada año 180.000 viviendas a precios asequibles. Las medidas se centran en el alquiler -incluyen fuertes incentivos para las empresas- con el objetivo de sacar al mercado parte de los tres millones de pisos desocupados que hay en España.

- Ayudas al inquilino. El inquilino menor de 35 años, con unos ingresos inferiores a los 15.792 euros anuales, podrá pedir a su comunidad autónoma una ayuda pública para pagar el alquiler a partir de septiembre. Su cuantía no excederá el 40% de la renta anual, hasta un máximo de 2.880 euros, es decir, 240 euros por un plazo de dos años. Pero esta ayuda no sólo la podrá cobrar el arrendatario. El plan contempla la opción de que sea el propio casero el que cobre este dinero directamente y se lo descuente al inquilino de la renta. El objetivo sería dar mayores garantías de cobro al propietario para que se anime a alquilar su piso.

Ahora deberán ser las comunidades autónomas, que adaptarán sus planes de vivienda al estatal, las que establezcan las condiciones concretas para solicitar esta ayuda y en qué supuestos debe recibirla el inquilino o el casero. Los propietarios que alquilan ya gozan de beneficios fiscales a través de la declaración de la renta, mientras los arrendatarios no disfrutan, al menos de momento, de esas deducciones.

- Sólo para nuevos contratos. Estas ayudas sólo servirán para los contratos de arrendamiento formalizados después del pasado 29 de julio, fecha de entrada en vigor del real decreto que articula estas medidas. Así, los expertos recomiendan que el inquilino se asegure, a la hora de firmar, de que el casero no le sube el importe del alquiler porque sabe que va a recibir una ayuda complementaria para pagarlo; y, en el caso de que sea el propietario quien reciba la ayuda directamente, que la descuente de la renta.

El Ministerio de Vivienda estima que estas ayudas permitirán disminuir en un 20% el esfuerzo mensual que debe hacer un joven para el pago del alquiler.

- Ayudas al propietario. Quien compre una casa para alquilar podrá obtener financiación. Si se trata de una entidad sin ánimo de lucro, un organismo público o una sociedad que incluya en su objeto social el arrendamiento de viviendas, podrá obtener una subsidiación de la cuota de hasta el 40% en una hipoteca a 25 años. Este porcentaje es considerable. Hasta ahora sólo podían optar a unas facilidades de financiación similares los ciudadanos con rentas más bajas (hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional) que compraban una vivienda protegida.

- Rehabilitación y seguros. Otra medida para dar mayores garantías al propietario de una vivienda que la ponga en alquiler consiste en incentivos de hasta 6.000 euros para rehabilitar el piso y poder contratar seguros que cubran impagos y desperfectos. Estas ayudas también deberán solicitarse en las comunidades.

- Compra de vivienda protegida. El precio de estos pisos sube otro 4% (el anterior Gobierno aprobó otro incremento del 2% a comienzos de año). Además, el precio se podrá actualizar en cualquier momento, "si las circunstancias lo aconsejaran", según el real decreto. Hasta ahora, la revisión se hacía una vez al año.

El objetivo de estas subidas es hacer más atractivas para los promotores estas viviendas, cuya construcción ha caído a la mitad tras el inicio del actual boom inmobiliario, en 1998.

En el primer trimestre del año se empezaron a construir 14.094 viviendas protegidas, un 13% menos que en igual periodo de 2003, según fuentes del sector. El Ministerio de Vivienda todavía no ha publicado estas cifras en su boletín estadístico. Respecto a los pisos protegidos terminados en el mismo periodo, éstos descendieron un 18%, hasta 7.500.