Rescindido el contrato a la gestora de un centro de toxicómanos

La Agencia Antidroga, tras la autorización del Consejo de Gobierno regional y el informe favorable del Consejo de Estado, ha decidido rescindir el contrato de gestión vigente hasta ahora con Illusia, una empresa que gestionaba la comunidad terapéutica El Batán, cuyo centro se encuentra en el municipio de Chinchón.

Eduardo Sánchez Gatell, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, exigió ayer al Ejecutivo de Esperanza Aguirre que "investigue también la gestión de la sala de venopunción [narcosala de Las Barranquillas]", que, según los socialistas, se adjudicó a una empresa cuyos propietarios son los mismos que Illusia. Asimismo, Gatell pide que "la empresa que gestionaba la comunidad terapéutica El Batán subrogue a los más de 16 trabajadores que ha despedido".

La Consejería de Sanidad inició en febrero el proceso administrativo contra Illusia después de que los inspectores de la Agencia Antidroga constataran que estaba incurriendo en flagrantes incumplimientos de lo especificado en los pliegos del contrato firmado por ambas partes para la gestión del centro El Batán. Incumplimientos entre los que destacan la ausencia de revisiones médico- dietéticas a los pacientes y la falta de mantenimiento de las instalaciones, además de no aplicar programas específicos de menores ni el de madres gestantes, ni facilitar terapias alternativas.

Empresa de amigos

Según Sánchez Gatell, la empresa gestora de esta comunidad terapéutica "es la misma que gestiona la sala de venopunción [narcosala], pero con otro nombre, por lo que también deberían investigarse los problemas que se han detectado allí".

El parlamentario socialista afirma: "La Comunidad ha hecho lo que hay que hacer. Llevamos meses denunciando que estas empresas se crearon a propósito para dar una salida a amigos del PP. Se han malversado fondos públicos, se ha dejado a un buen número de trabajadores en la calle y, finalmente, el centro está cerrado, y los pacientes, dispersos por la Comunidad".

La resolución del contrato implica el cese de toda actividad de la entidad gestora en las instalaciones de El Batán. Según fuentes de la Comunidad, el pasado 8 de julio, la Comisión Permanente del Consejo de Estado emitió un dictamen favorable en todos sus puntos a los intereses de la Administración. El dictamen indica que "los incumplimientos mencionados revisten, a juicio del Consejo de Estado, el carácter de incumplimientos culpables, pues la diligencia exigible en este caso a la concesionaria resulta incompatible con tales omisiones". Antes de que se hiciera efectiva la rescisión del contrato y el cierre definitivo de las instalaciones, la Agencia Antidroga ha derivado paulatinamente a los usuarios a otros recursos similares de la Comunidad. Una vez terminadas las obras de mejora, la Agencia Antidroga sacará a concurso público la licitación de la gestión de El Batán y se reiniciará su actividad.