Afectados por abusos urbanísticos piden al fiscal que investigue la masiva edificación de la costa

La plataforma Abusos Urbanísticos No ha dado un paso más en su batalla contra la masiva edificación del litoral de la Comunidad Valenciana, al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), y ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que habrá una investigación para perseguir a grupos organizados que, según el colectivo, se han lucrado en detrimento de los propietarios de los terrenos. El colectivo advierte de que los promotores han trasladado su actividad hacia las comarcas del interior ante la palmaria saturación urbanística de la costa.

La demanda del colectivo Abusos Urbanísticos No, plataforma impulsada por un grupo de extranjeros propietarios de terrenos en la Marina Alta, se incluye en una carta remitida al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Abusos Urbanísticos No, que tras dos años de actividad reúne en la actualidad a cerca de 20.000 afectados por supuestos abusos en la ejecución de urbanizaciones a la sombra de la LRAU, solicita al titular de Justicia a que inste a la Fiscalía Anticorrupción a "investigar y perseguir la corrupción que rodea a los abusos urbanísticos que se producen en la Comunidad Valenciana".

El colectivo plantea al ministro la ecuación que se deriva de un simple análisis del "perverso" método que la LRAU pone en manos de los constructores, especialmente mediante la figura del agente urbanizador. "Si el suelo se obtiene a precios simbólicos y el precio de la vivienda no para de subir, está claro a quién beneficia la LRAU: ni a los pequeños propietarios del suelo rústico y de la viviendas en él enclavadas ni al comprador de las viviendas en las zonas urbanizadas; esta malhadada ley beneficia a los constructores y promotores inmobiliarios, así como a aquellos responsables municipales que actúan en colusión con ellos".

Los denunciantes destacan que el resultado de la actividad constructora al amparo de la LRAU ha sido "el desarrollo insostenible, la especulación galopante, el destrozo del medio ambiente, la saturación de las vías de comunicación y ni un metro cuadrado sin cemento". "Un negocio redondo, a base de suelo muy barato y altísimos precios de venta", recalca el escrito.

El colectivo detalla al ministro las singularidades de la norma valenciana que ha facilitado esas supuestas prácticas corruptas. En ese sentido, destacan la realización de obras públicas sin respetar las disposiciones sobre contratos públicos, la no exigencia de pliegos de condiciones, criterios de adjudicación de los contratos al margen de la legislación de la Unión Europea y exceso de obra pública innecesaria.

La plataforma subraya que la LRAU viola el derecho de la propiedad privada, así como las disposiciones comunitarias sobre contratación pública. El colectivo remarca, además, que la anunciada reforma de la LRAU no "corrige ninguna de esas violaciones" y acusa al Consell de falta de voluntad para resolver los problemas creados. "El mejor indicador de ello es la negativa del Consell a una moratoria inmediata de la LRAU", concluye el escrito.