Detenidas 35 personas por explotar a inmigrantes

De Pakistán y la India al delta del Ebro, tras pagar entre 8.000 y 14.000 euros para malvivir y ser explotados en trabajos agrarios. Éste ha sido el viaje de docenas de inmigrantes de aquellos países que entraban en Cataluña con la ayuda de una red desmantelada por la Guardia Civil al detener a 35 personas, 32 indostánicos y 3 españoles, en Amposta. La red conseguía contratos laborales legales para los inmigrantes, quienes antes habían comprado o alquilado a la banda permisos de trabajo y documentación falsa.

La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones relacionadas con este caso, con precedentes en las comarcas del Ebro aunque a menor escala, que aún no ha sido totalmente esclarecido. Así, se desconoce el número de personas que podrían haber entrado de forma clandestina y el papel que desempeñaban en la red los tres ciudadanos españoles detenidos, dos hombres y una mujer, cuyas identidades no se facilitaron. La policía sólo aclara que una de estas personas actuó de intermediario. Un inmigrante era el encargado de encontrar trabajo a sus compatriotas en explotaciones hortofrutícolas de Flix (Ribera d'Ebre).

Según la Guardia Civil, los responsables de las empresas donde trabajaban los inmigrantes, situadas en el Montsià, el Baix Ebre y la Ribera d'Ebre, no conocieron en ningún momento la situación de sus empleados, que habían encontrado esta ocupación a través de empresas de trabajo temporal que tampoco debieron de percatarse de la falsedad de los documentos que aportaban.

Veinte de los detenidos vivían hacinados en pisos de alquiler que poseía la banda en Amposta (Montsià), donde un anormal incremento de la presencia de ciudadanos de origen paqistaní e oindio puso en alerta a la Guardia Civil hace meses. Según la policía, estas viviendas presentaban unas condiciones de habitabilidad "muy deficientes".

Dependencia absoluta

La banda, del mismo modo que operan otras redes de prostitución, obligaba a los inmigrantes a mantener con ellos una relación de absoluta dependencia y les cobraba por el alquiler del piso y de permisos de residencia o de trabajo falsos, por el transporte hasta su lugar de trabajo e incluso por unos gastos de seguridad social inexistentes.

En ocasiones, la red vendía esta documentación falsificada a los inmigrantes, por cantidades que oscilaban entre 5.000 y 6.000 euros, mientras que el alquiler de los papeles costaba entre 60 y 90 euros mensuales. Al margen de estos cobros, la red se quedaba con la mitad de sus salarios, posiblemente para cobrar parte del importe para introducirlos en España, e incluso les cobraba para enviar dinero a sus familiares de la India y Pakistán.

En una primera parte de la operación policial, la Guardia Civil registró dos inmuebles de Amposta y detuvo a 20 inmigrantes y a los tres ciudadanos españoles. Posteriormente, con la información que les facilitaron estas personas, los agentes procedieron a registrar dos empresas de Tortosa (Baix Ebre) y Amposta, donde detuvieron a 12 inmigrantes indocumentados que trabajaban "suplantando a personas legalmente contratadas", según fuentes de la investigación. Estos últimos son algunos de los inmigrantes explotados por la red y la Guardia Civil únicamente les imputa un delito de falsificación de documentación pública y privada.