El juez del 'caso Barón' investiga un supuesto delito de apropiación indebida

El juez que instruye el caso Barón, la supuesta malversación de fondos y acoso laboral a un comisario de la Policía por parte del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Barón, está acotando al máximo uno de los delitos denunciados. En concreto, el que está relacionado con los fondos de la residencia que tiene el Cuerpo Nacional de Policía en Basauri (Vizcaya). La denuncia contra Barón fue presentada en marzo pasado por un comisario de policía por los supuestos delitos de mobbing y de malversación de fondos. El denunciante lleva destinado en Euskadi desde hace casi 40 años y ahora se encuentra de baja, aunque acaba de solicitar el reingreso a su puesto de trabajo.

En un auto del titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao del pasado 16 de julio, el juez instructor señala que "las cuotas aportadas por los funcionarios residentes en la Residencia de Basauri tienen consideración de ingresos privados, por lo que si se ha producido alguna desviación de fondos el hecho no podría integrar, por razones obvias, un delito de malversación de caudales públicos, sino, quizá, de apropiación indebida". Y, para acotar más la responsabilidad del delito investigado, el instructor apunta en el citado auto, al que ha tenido acceso este periódico, que en caso de tratarse de un delito de apropiación indebida "sólo las personas con disposición sobre los fondos podrían perpetrar el delito".

El auto del juez encargado del caso supone el arranque real de la investigación judicial, después de haber tomado declaración al denunciante, el pasado 27 de mayo, y al denunciado, el pasado 25 de junio. El titular del Juzgado de Instrucción numero 8 de Bilbao imputó ese día a Barón por tres delitos: trato vejatorio, coacciones y malversación de fondos. Barón negó ante el juez todas las acusaciones y aportó numerosa documentación para fundamentar su declaración judicial y su defensa ante una denuncia que considera producto de "la imaginación" del comisario y de la "venganza". Varios sindicatos, salvo la central mayoritaria, SUP, denunciaron el "linchamiento público" del jefe superior de Policía de Euskadi y criticaron al comisario denunciante. El comisario prefiere guardar silencio y dejar que la denuncia siga su tramitación en el juzgado bilbaíno.

Al margen de las críticas públicas cruzadas por este caso, el juez ha trazado ya un plan de trabajo para esclarecer si realmente Barón es responsables de algún delito de los que ha sido imputado judicialmente.

Entre las pruebas documentales y testificales ordenadas por el juez para aclarar los movimientos de los fondos en la residencia de Basauri está la petición a la Dirección General de la Policía para que aporte los "expedientes de investigación por irregularidades en las cuentas de dicha residencia" que pudiera haber incoado desde 1999 hasta la actualidad y, "en su caso", el "resultado final de la investigación". El juez ha pedido que se acredite la entrega de las liquidaciones anuales de la cuentas de la residencia de Basauri y "si en algún ejercicio se opusieron excepciones o reparos a dichas cuentas". Y ha oficiado a la BBK, en donde están las cuentas de la residencia, para que certifique quiénes han sido los titulares autorizados desde su apertura.

A falta de esa información, en una valoración preliminar, el juez considera que la auditoría presentada por Barón "no ofrece indicios de haberse producido el hecho de desviaciones de fondos o de uso irregular de los mismos". De hecho, el juez ha denegado algunas de las pruebas solicitadas por la acusación particular en relación con la residencia de Basauri. Entre ellas, la petición de los extractos de las cuentas bancarias en las que se hacen los ingresos de las cuotas que pagan los policías por el uso de la residencia o de los libros contables de la residencia y las facturas justificativas de cada uno de los asientos, ingresos y gastos.

El instructor considera "prematuro practicar diligencias de investigación de hechos cuando no se han acumulado en autos los suficientes indicios de criminalidad, respecto de ellos, en relación con el señor Barón". Pero, tampoco descarta practicarla en su momento, si de las diligencias aceptadas saliera algún indicio para ello. En total, el juez ha denegado la práctica de nueve pruebas documentales solicitadas por la acusación particular, algunas por prematuras o por no tener "especial relevancia" para el esclarecimiento de la denuncia, a juicio del magistrado instructor.

Citación de Díaz Pintado

Sin embargo, el instructor tiene intención de citar a varias personas en relación con las supuestas prácticas de acoso laboral denunciadas por el comisario en su declaración. Entre ellos pasarán por el juzgado el inspector regional de Servicios durante el mes de febrero de 2000, el jefe de sección que pudo ser testigo de una conversación que tuvo lugar el 25 de junio de 2002 en la que, según el denunciante, se le había ordenado que desalojara su despacho de secretario general y que dejara el uniforme, "el armamento y cualquier efecto".

El juez quiere llamar a declarar también a responsables del SUP y del SPP, al delegado de la sección de informática de la Jefatura bilbaína y al jefe de la sección de Personal y Formación de la citada jefatura. Una de las personas que prestará declaración en calidad de testigo será el anterior subdirector general operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado. Finalmente, el magistrado ha autorizado un reconocimiento psíquico del denunciante.