El Kremlin pacta las reformas sociales con las regiones

El Kremlin quiere seducir a los senadores del Consejo de la Federación (la Cámara alta o de las Regiones de Rusia) para que ignoren la oposición de sus representados y apoyen la reforma social que afecta a millones de personas y que es la iniciativa más polémica del presidente Vladímir Putin hasta ahora. Éste es el sentido de un proyecto de ley que la Duma Estatal, Cámara baja del Parlamento ruso, aprobó (en primera lectura) el sábado en una de las sesiones de urgencia con las que se ha prolongado el año parlamentario.

Rusia Unida, el partido de los seguidores de Putin, tiene mayoría absoluta en la Duma, que mañana, martes, aborda (en segunda lectura) el plan de desmantelamiento del sistema de prestaciones sociales vigente para veteranos del trabajo y de guerra e inválidos, entre otras categorías de ciudadanos, y su sustitución parcial por compensaciones monetarias.

A tenor del proyecto de ley aprobado por la Duma, los senadores, delegados por los órganos de poder de los 89 territorios de Rusia, no podrán ser destituidos por sus representados, como hasta ahora, y tendrán asegurado el cumplimiento de su mandato de cuatro años bajo la tutela de Moscú, sean cuales sean los ánimos en sus provincias. La iniciativa supone un nuevo golpe al federalismo ruso.

Los senadores, que en época del presidente Borís Yeltsin eran elegidos, pasaron a ser nombrados en época de Putin y se independizarán en la práctica de sus regiones cuando el proyecto sea aprobado definitivamente.

Controlados por rígidas directivas políticas, los medios de comunicación del Estado ocultan estos días la magnitud del rechazo que la reforma del sistema de prestaciones sociales ha causado en las regiones, incluidas sus élites políticas. Además de anular las prestaciones de millones de ciudadanos, la ley a este efecto carga a las regiones con nuevos gastos sociales, al tiempo que reduce sus ingresos fiscales. De ahí que, en una carta al presidente Putin, los gobernadores de diez territorios del Extremo Oriente manifestaron que la reforma va en contra de la Constitución, que define a Rusia como un Estado social, según el periódico Kommersant.