La Generalitat asegura que el Gobierno de CiU dejó más de mil viviendas públicas sin adjudicar

Una auditoría interna de Adigsa, la empresa gestora de la vivienda social pública de la Generalitat, ha descubierto que existen 1.036 pisos sin adjudicar, de los cuales 785 están vacíos y listos para ser habitados. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà, criticó ayer la herencia del Gobierno de CiU y la ausencia de cualquier registro, lo que ha forzado a Adigsa a practicar una auditoría "barrio por barrio". La Generalitat, que denunció la política contractual del anterior Ejecutivo, se comprometió a entregar los pisos en septiembre.

Estas 785 viviendas vacías están en condiciones de ser habitadas de inmediato o con pequeñas reformas que no llevarían más de un mes, según aclaró Carme Trilla, directora general de Vivienda. El resto de los pisos no adjudicados adolecen de algún perjuicio o contingente legal que los hace inhabitables por el momento, casi siempre derivados de la antigüedad de un parque que, en algunos casos, alcanza los 30 años: 61 viviendas han sido ocupadas sin derecho, 96 están pendientes de regularización jurídica, 43 han de derribadas o son inhabitables, y a 51 se les está revisando su situación patrimonial.

La provincia de Barcelona, con 544, concentra el mayor número de viviendas sin adjudicar. Le siguen Tarragona (253), Lleida (136) y Girona (103).

La aparición de este millar de pisos en un contexto de grandes penurias en el acceso a la vivienda ha provocado "sorpresa" en el nuevo Gobierno. La auditoría resuelve la inexistencia de un censo fiable hasta ahora. Según Trilla, el estudio partió de las quejas de los propios vecinos ante un piso aledaño vacío u ocupado por propietarios ilegítimos. Como aclaró Milà, las averiguaciones se han tenido que llevar a cabo "barrio por barrio", lo que ha prolongado tres meses la elaboración del informe. Además de localizar de los pisos sin adjudicar, los funcionarios comprobaron su habitabilidad y si habían sido ocupados.

Entrega en septiembre

Con este informe, Adigsa dispone de una lista pormenorizada de pisos vacíos con su situación, con la que podrá iniciar de inmediato las obras pertinentes y la posterior adjudicación. Ésta llegará en septiembre, según anunció Trilla. Antes se modificarán los criterios de adjudicación, eliminando el margen de arbitrariedad que, en su opinión, aqueja al sistema vigente. Según Milà, por primera vez se aplicará un "sistema objetivable". Además de la renta, para la entrega de la vivienda se examinarán variables como la urgencia con la que se necesita y se escuchará a los municipios donde están los pisos sociales.

El actual Ejecutivo de la Generalitat también reprochó la dudosa transparencia y el escaso rigor legal con que contrataba Adigsa durante el Gobierno de CiU, cuando se acusaba a ésta de valerse de la empresa pública para pescar votos en zonas obreras, de tradicional perfil socialista. Según el consejero delegado de Adigsa, Miquel Bonilla, algunos contratos -por un valor de "unos cuatro millones de euros", cuantificó- se firmaron "al margen de los procesos ordinarios". Milà añadió que muchas veces los contratos revestían "forma verbal". Así, concretó que el plan general de obras "se adjudicaba sin licitación pública y de forma absolutamente irregular".

El Gobierno informó de que Adigsa ha entregado 664 viviendas en lo que va de año (414 de compra y 250 de alquiler), principalmente en barrios periféricos de la zona metropolitana de Barcelona: El Polvorí, Sant Roc (Badalona) y Via Trajana (Sant Adrià de Besòs).