La juez mantiene suspendidas las obras del aeropuerto de Castellón

La titular del juzgado número 4 de Castellón ha rechazado el recurso de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) que solicitaba el levantamiento de la medida judicial de paralización de las obras de la infraestructura aeroportuaria. El recurso de Aerocas, integrada por la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana, se incluye en las diligencias abiertas por el juzgado a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción, ante la posible comisión de un delito ecológico.

En el procedimiento se señalan como imputados a los responsables de la sociedad pública y la adjudicataria. La juez considera que ni la promotora Aerocas ni la concesionaria -la UTE que forman Lubasa, FCC y PGP- han adoptado medidas de protección hacia el aguilucho cenizo, cuando la Declaración de Impacto Ambiental prohibía expresamente la realización de obras entre el 25 de marzo y el 15 de septiembre, que es el periodo de nidificación y cría de esta especie. Así, considera que dado que durante la inspección ocular del área se ratificó la presencia de aguiluchos y crías en la zona afectada, en el caso de continuar las obras, éstas supondrían un perjuicio para la especie.

En el auto en el que rechaza el recurso, la juez señala que se ha constatado que, en abril, pese a la prohibición, se realizaron "obras de desbroce y movimientos de tierra", tal como aseguraron los técnicos de la Consejería de Territorio, los agentes medioambientales y los del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Todos ellos acudieron a declarar en calidad de testigos, con lo que están obligados a decir verdad. Ayer fue el turno del representante legal de la adjudicataria, Concesiones Aeroportuarias, que estuvo representada por Arcadio Gómez, uno de los ejecutivos de Lubasa. Según fuentes cercanas al caso, Gómez, en su declaración ante la juez, trató de desvincular su responsabilidad directa de la ejecución de las obras y señaló a la UTE como responsable última del proyecto. Además, argumentó la misma teoría que la declarada por el representante de la sociedad pública. Ambos interpretan que las labores realizadas después del 25 de marzo no eran tareas ni de desbroce ni movimiento de tierras, sino de limpieza.