El cierre de Puigneró cuesta a la Generalitat 18,8 millones

El cierre de Puigneró le ha salido caro a la Generalitat. Entre créditos, indemnizaciones y facturas que no se pagaron en su momento, la factura asciende a 18,8 millones de euros, según explicó y lamentó ayer el consejero de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé. La Generalitat deberá desembolsar, además, cinco millones extras para adquirir las naves de la textil y actuar como operador inmobiliario.

A pesar de ello, en su visita a la zona, el consejero de Trabajo e Industria intentó inyectar un poco de esperanza al Lluçanès. La Generalitat, la Diputación de Barcelona y los agentes locales y sociales del Lluçanès y Osona firmaron ayer el Acuerdo para el Desarrollo Económico del Lluçanès (ADEL), que sustituye la Mesa para la Ocupación y el Impulso Económico creada para buscar salidas al cierre de Puigneró.

La poca efectividad de la mesa, que de facto fue un instrumento de recolocación, ha llevado a escribir su fin -sólo cuatro pequeñas empresas se han instalado en las antiguas naves de Puigneró en Prats- y a plantear un nuevo pacto. Éste, es, según Rañé, "un paso adelante desde la experiencia de la mesa", aunque añadió que el nuevo acuerdo quiere superar "una forma de proceder que siempre llegaba después del problema".

En este sentido, lamentó que el cierre de Puigneró haya costado 18,8 millones de euros al Gobierno catalán. De éstos, 16,8 millones corresponden a créditos que forman parte de la quiebra de la textil y 400.000 euros se han destinado a completar el fondo de pensiones que permitió a algunos trabajadores de la empresa jubilarse anticipadamente. El Gobierno catalán también ha acordado pagar 1,7 millones de euros de la factura de las actividades realizadas para recolocar a los antiguos empleados. "Y algunos no quieren reconocerlo como déficit", criticó el consejero.

Además, la Generalitat, a través del Incasol, va a desembolsar unos cinco millones extras para adquirir las naves de Puigneró y actuar como operador inmobiliario. La visita del consejero al Lluçanès estuvo acompañada de una promesa, la de invertir en infraestructuras viarias y telemáticas para hacer el territorio más competitivo y en iniciativas empresariales de futuro. Aseguró que hay dinero, aunque alertó de que las ayudas a partir de ahora serán para "proyectos que supongan nuevas oportunidades y que puedan desarrollarse por sí solos sin la necesidad de estar pidiendo cada día". Según el presidente del Consorcio para la Promoción del Lluçanès y diputado de ERC, Josep Maria Fraixenet, se trata de "cambiar morfina por vitaminas y dejar de ayudar a empresas que no tengan futuro".

El cierre de Puigneró, que contaba con dos fábricas en el Lluçanès -en Prats y Sant Bartomeu del Grau- y un total de 776 trabajadores, supuso un duro golpe para una zona que siempre se había alimentado de su existencia. De las 731 personas que se acogieron a la recolocación, el 56% había encontrado un nuevo empleo o creado su propio negocio a mediados de julio. Quedan unas 150 personas en el paro, la mayoría mujeres (el 72%) y una treintena de inmigrantes.