100 días de política de I+D+i

Transcurridos los primeros cien días del nuevo Gobierno, de la política de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) se puede decir poco. Frente a las expectativas creadas por el programa electoral del PSOE sobre investigación e innovación, el Gobierno nos ha ofrecido muchas dudas, vacilaciones y silencios.

La relevancia que las nuevas autoridades han otorgado a la investigación ha sido escasa, especialmente por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, responsable de la política de I+D+i. Ha salido a la luz la batalla entre éste Ministerio y el de Industria, Turismo y Comercio por la delimitación del territorio y el reparto del presupuesto del extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología. El ganador, el Ministerio de Industria, entra con fuerza en la política de innovación tecnológica. En el lado positivo, el Ministerio de Sanidad y Consumo parece haber hecho de la investigación biomédica uno de los ejes centrales de su actuación.

La idea de mantener unidas las políticas de I+D e innovación tecnológica, dirigidas a organismos públicos de I+D y empresas, que esbozaba el Real Decreto de reestructuración de los departamentos ministeriales, ha pasado a mejor vida.

En su lugar, tenemos una política de I+D+i más fragmentada. Al menos tres Ministerios (Industria, Educación y Sanidad) están implicados en la definición de las políticas de I+D e innovación. Los presupuestos de la Función 54 (I+D) se han distribuido: el 60-65% en Industria, el 25-30% en Educación, el 4% en Sanidad y el 8% en Defensa. Ahora hay mayores necesidades de coordinación política y administrativa, pero no se trata de incrementar los organismos de coordinación (CICYT, Comisión Delegada del Gobierno, etcétera) sino definir su papel y dotarles de medios para hacer su trabajo de árbitro.

El Gobierno debiera reconocer ya que habrá, al menos, dos políticas diferenciadas de I+D e innovación tecnológica, e intentar ordenar el trabajo de los ministerios. El Ministerio de Industria estará a cargo de la política de innovación tecnológica, e incluso de muchas actuaciones para la I+D en las empresas. Deberá centrarse en actualizar los instrumentos para la mejora de la competitividad de las empresas y para elevar los niveles de productividad del país. Industria cuenta con recursos e instrumentos, como el CDTI, que deben ser puestos a trabajar.

La situación del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) es más complicada, puesto que parece no tener planes claros en I+D y cuenta con menos recursos, por lo que debe crear sus capacidades organizativas para actuar (el Ministerio de Industria cuenta ya con el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDTI). Primero debe redefinir sus funciones en materia de política tecnológica: concentrarse en la política de transferencia de tecnología, reelaborar los instrumentos de colaboración público/privado, promover el empleo de investigadores en las empresas, apoyar la creación de centros de I+D empresariales y promover las empresas de base tecnológica. Para alguna de estas tareas debe contar con el Ministerio de Industria y el CDTI.

Segundo, en materia de financiación de la investigación pública, el MEC no puede olvidar el desafío central -segundo compromiso del programa electoral del PSOE, tras la subida del 25% de los capítulos 1 a 7 [Función 54] de los presupuestos- de poner en marcha una Agencia de Financiación de la Investigación (al estilo de los Research Councils en Europa o de la NSF en EE UU) que: 1) mejore las condiciones de gestión de la política de I+D hacia el sector público; 2) aumente la capacidad del sistema político para definir los objetivos y prioridades de investigación; 3) refuerce el papel y la autonomía de los investigadores en la gestión de la I+D y 4) consolide la responsabilidad de los investigadores respecto de la sociedad que les financia. Sorprende que la Ministra de Educación y Ciencia apoye la creación del Consejo Europeo de Investigación, como agencia de la financiación competitiva de la investigación fundamental a escala Europea, y -con su silencio- asuma que la financiación de la I+D debe realizarse desde las estructuras burocráticas de su Ministerio.

Por último, en la reforma del CSIC parece haber ideas, objetivos e impulso político. Veremos si los hechos avalan las intenciones. Del resto de los Organismos Públicos de Investigación no hay noticias, salvo que alguno lleva meses sin director.

En política el tiempo es vital; las oportunidades surgen y desaparecen sin contar con los responsables políticos. Hay que ponerse manos a la obra para afrontar las reformas. Se puede decir que el Gobierno, en los cien primeros días, en política de I+D+i no progresa adecuadamente y tiene tareas de recuperación para septiembre. El próximo examen de esta materia: la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2005.

Luis Sanz Menéndez es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y, actualmente, director de la Unidad de Políticas Comparadas del CSIC.