Admisión bajo sospecha

Se cuenta de un sacerdote que estando en la comisión de escolarización, exclamó en el momento más tenso: "¡Tiremos al aire las solicitudes y las que se queden en el techo, para la pública, porque ellas son las elegidas por el Señor!". Estupefactos ante semejante propuesta, alguien comentó que tal solución no se atenía al procedimiento reglamentario. Argumento reforzado de inmediato por otro asistente para quien "el rigor del reglamento estimula la creatividad de nuestros clientes". Y de este modo, se dice, comenzó a resolverse el nudo gordiano de la admisión de niños y niñas en los centros escolares sostenidos con fondos públicos. No estoy seguro de la veracidad de la historia, sin embargo nos pone en la pista de un problema de la política educativa que comienza a preocupar, y mucho, a los padres y a buena parte del profesorado de la enseñanza pública.

En efecto, el procedimiento actual de admisión de alumnos a los centros públicos y concertados, está tan pervertido que resulta escandalosa y hasta cómplice la inhibición de las autoridades. La LODE (1985) estableció zonas escolares en los grandes municipios con el propósito de racionalizar la oferta y la demanda de puestos escolares. El proceso de admisión contaba con unos criterios mediante los cuales establecer prelación entre las solicitudes de plaza en cada centro. Las solicitudes recibían una puntuación en virtud de criterios como, entre otros, el vivir en la zona del centro, el tener hermanos en el mismo, la renta de la unidad familiar o la situación laboral de los padres. A nadie se le escapa que tras estos criterios, al menos inicialmente, había una posición política de discriminación positiva hacia la red pública.

Con el paso del tiempo y la sacralización neoconservadora del principio de "libertad de elección de centro", se ha pervertido el procedimiento y desdibujado los criterios. En su lugar se instauran estrategias del más puro darwinismo social, consentidas por los tres poderes con responsabilidad en el procedimiento: estatal, autonómico y municipal. En suma, para que el hijo o hija entre en el centro que se desea sólo hay que echarle imaginación y "apañar" la documentación para obtener los puntos necesarios (hasta 9 en los concertados de Valencia y bastante menos en los centros públicos). Del amplio espectro de componendas señalaré dos muy extremas, una respetuosa con la ley y otra que no. La primera es de una pareja en la que ella se mantiene como "unidad familiar monoparental" y en excedencia laboral hasta el año anterior al ingreso de su hija, así consiguieron los 7,5 puntos para entrar en el centro público de su zona. El segundo caso es el de un papá, alto funcionario público, quien consiguió un documento en el que constaba que su puesto de trabajo estaba en el organismo sito a la espalda del centro, por tanto: 4 puntos por zona, 4 por tener una hermana y 1,5 por trabajar los dos, ya superaban los 9 exigidos este año en el concertado de sus sueños.

Desbordar de esta manera los criterios establecidos no está al alcance de cualquiera, se lo pueden permitir mayormente los padres de las clases sociales mejor posicionadas que la prefieren concertada. Justo lo contrario de lo pretendido cuando se diseñó la zonificación en los ochenta. Pero ¿son los padres los responsables de este caos? No del todo, sí lo es una política educativa indolente ante la red pública y benefactora sin reparos de la privada. La actualidad nos proporciona un ejemplo al respecto. Según recoge este diario (18-6-04), el preclaro político González Pons, manifestó su interés en "incentivar" a la enseñanza concertada porque para el próximo curso 4.000 alumnos no tendrán plaza en esos centros. Dicho de otro modo: es aún insuficiente la cuantiosa subvención a la privada (reiteradamente denunciado en los informes anuales del Consejo Escolar del Estado), porque varios miles de ciudadanos no tienen plaza en ella. ¿No es acaso una prueba de la ineficiencia del modelo? Y una variación más sobre el mismo tema: es difícil explicar que con las subvenciones recibidas los titulares de la privada no hayan construido ni un solo centro en Valencia, como mucho amplían aulas a costa del patio. ¿Por qué se autorizan estas obras? ¿Cómo se consiente que algunos concertados comiencen la Ed. Infantil a partir de segundo y recojan a quienes vienen de centros "adscritos" cuyo eslogan publicitario es: "Garantizamos la continuidad de la escolarización"?

Si todo esto sucede y se sabe, qué hace la Alta Inspección del Estado (se conculcan derechos fundamentales), y la Inspección ordinaria. Una de sus funciones, por ejemplo, debería ser hacer cumplir la ley y, en caso contrario, actuar con tanta diligencia como con el expediente informativo a los centros que colgaron la pancarta de "No a la guerra". Por cierto, los técnicos municipales de educación, a través de la junta de escolarización, podrían contribuir a que el proceso de admisión fuera más transparente, o es que los ocupan únicamente en desclasificar suelo escolar. Claro que tampoco hay que ser demasiado ingeniosos para ofrecer garantías en la admisión, vivimos en el paraíso de Infoville, Moderniza.com, Lliurex.net y ya mismo Crea Escola. ¿Qué sentido tiene, con tanta opulencia, pedir a los padres la declaración de renta o el certificado de empadronamiento? En definitiva, la política educativa está consiguiendo que, contradiciendo sus prédicas, haya demasiadas semejanzas entre el modelo de enseñanza y el de Terra Mítica.

Ángel San Martín es profesor de la Universitat de València.