El Gobierno afirma que el 80% de los contratos de consultoría de CiU en 2003 eran opacos

El 80% de los contratos de consultoría y asistencia -inferiores a 30.000 euros- adjudicados por el Gobierno de CiU en 2003 se licitaron sin publicidad previa, según avanzó ayer el Consell Executiu sobre la auditoría de gestión que se dará a conocer en septiembre. Esa supuesta opacidad no pretende tener tanto consecuencias legales como enseñanzas sobre los déficit de gestión, según especificó el consejero portavoz, Joaquim Nadal.

El Gobierno de Pasqual Maragall no quiere practicar la táctica del calamar, de echar tinta hacia el pasado para impulsarse hacia el futuro, afirmó ayer un alto cargo del Ejecutivo. Minutos después el consejero portavoz lanzó la acusación de opacidad nada menos que sobre el 80% de los contratos de CiU del año pasado y no ofreció ni una sola cifra más al respecto. Por la noche llegarían los matices. No se trataba del 80% de la totalidad de contratos, sino de aquellos correspondientes a concursos públicos de consultoría y asistencia, inferiores a 30.000 euros. Se trata de contratos negociados sobre los que ni Nadal ni el Gobierno ofrecieron una cifra global. La adjudicación sin publicidad es una fórmula legal que la legislación reserva para casos de urgencias.

"Se han detectado, sobre todo, muchas inercias, falta de flexibilidad fruto del paso del tiempo y algún déficit de transparencia en el ámbito de la contratación pública como consecuencia del hecho de que más del 80% de los contratos se han realizado sin la publicidad correspondiente, una fórmula legal que la legislación atribuye a circunstancias excepcionales", subrayó el consejero portavoz antes de que el Gobierno le corrigiera.

La auditoría económica y financiera publicitada en mayo por el tripartito sobre el último año de Gobierno de CiU, el 2003, hizo aflorar un déficit de 1.177 millones de déficit.

El jefe de filas de Convergència i Unió, Artur Mas, salió al paso de las acusaciones de opacidad afirmando que se trata de "cortinas de humo". Hasta ahora, el Ejecutivo catalán ha facilitado un resumen de 20 folios de la auditoría sobre la situación económica y financiera de la Generalitat, un escaso 10% de los más de 200 folios de que consta el citado informe.

Esta auditoría, junto a la de gestión que se presentará en septimbre, da cumplimiento a los acuerdos del Tinell, suscritos el 14 de diciembre pasado por el PSC, ERC e ICV-EUiA. El Pacto por un Gobierno Catalanista y de Izquierdas compromete a los firmantes a "proporcionar y facilitar el acceso a la información de auditorías, inspecciones, estudios o similares sobre presuntas irregularidades de la pasada legislatura", se afirma en el apartado 9 del anexo al pacto.

Al Gobierno catalán se le acumula el trabajo, pues antes de finalizar el año el Parlament deberá estar informado sobre todos los asuntos "objeto de procedimiento judicial o de petición de creación de comisión de investigación durante la pasada legislatur, así como de la tramitación de todas las concesiones y de sus prórrogas otorgadas en los últimos dos años, mediante los procedimientos y auditorías oportunas", se asegura en el pacto de tripartito.

El Gobierno catalán dio ayer un primer paso en el cumplimiento de tanto compromiso como tiene acumulado ante la sociedad catalana: el gabinete remitirá antes de fin de año un proyecto de ley que reforme la Sindicatura de Cuentas y le dé facultades de gestión para la luchar eficazmente contra la corrupción. Así lo notificó ante la prensa Joaquim Nadal, quien dio cuenta de otra medida importante: el Ejecutivo catalán ha remitido al Tribunal de Cuentas el expediente de responsabilidad contable incoado contra una docena de ex altos cargos de la empresa pública Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) sobre la liquidación de un fondo de fidelización que se repartieron en 2000 y 2001 y los contratos blindados de sus ex directivos. La Generalitat quiere que sea el Tribunal de Cuentas el que dirima si existió o no malversación de fondos, más allá de las responsabilidades administrativas.