El nuevo reglamento del taxi permite la entrada de empresas privadas en el sector

El borrador del nuevo reglamento del taxi que la Consejería de Transportes e Infraestructuras ha elaborado permite no sólo a particulares, sino también a sociedades mercantiles, hacerse hasta con seis licencias de explotación de este tipo de vehículos. Hasta ahora, cada particular podía tener sólo una. En el texto legal que el Ejecutivo regional envió al Consejo de Estado para que éste se pronunciara sobre su legalidad -el Consejo de Estado todavía no se ha pronunciado- se dice, en su artículo 10, que las personas jurídicas pueden obtener licencias de taxi siempre y cuando revistan la "forma de sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado".

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, elaboró en 2001 un proyecto de reglamento del taxi que contemplaba la posibilidad de que tanto personas físicas como empresas pudieran hacerse con un máximo de 15 licencias. Pero el proyecto quedó aparcado ante las protestas del sector.

En el nuevo proyecto elaborado ahora por el consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados, se permite que un mismo titular pueda acceder hasta a seis licenicas "en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid". Pero con la excepción de que "un mismo titular no podrá tener más del 10% de las licencias existentes en un municipio. Además, el reglamento impide que se pueda simultanear la titularidad personal de una licencia con la participación en el capital de sociedades que a su vez sean titulares de alguna de ellas.

Por su parte, el portavoz de Transportes e Infraestructuras del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Quintana, acusó a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de "traicionar" a los taxistas, al diseñar un borrador de reglamento para el sector que considera es "peligrosamente liberalizador, que genera precariedad laboral, atenta contra la seguridad vial y fomenta una nefasta calidad del servicio".

Quintana se reunió con el presidente de la Federación Profesional del Taxi (FPT), Julio Sanz, y señaló que el proyecto que prepara el Gobierno regional es "un cúmulo de despropósitos" que tiene como único objetivo "hacer estallar por los aires un servicio público en beneficio de oscuros intereses que beneficien a terceros".

Julio Sanz también ha denunciado que se le ha remitido el borrador del reglamento "a finales de julio para que se presenten alegaciones antes del 10 de agosto". Según el presidente de FPT, este nuevo reglamento no es más que "un capricho de Esperanza Aguirre, del consejero de Transportes y de Eladio Núñez, representante de la Gremial del Taxi".

Según Sanz, este nuevo texto "va a fomentar la especulación con las licencias y se dejará el taxi en manos de cualquiera que tenga un carné de conducir". Sanz amenaza con "poner Madrid patas arriba" para que el proyecto no prospere.El diputado socialista, José Quintana, portavoz de Transportes e Infraestructuras del PSOE en la Asamblea de Madrid asegura que el proyecto de reglamento del taxi "es más de lo mismo con el agravante de que el Gobierno regional lo presenta a hurtadillas, como de soslayo, casi con nocturnidad y alevosía y con la clara intención de colar a los taxistas la liberalización de su sector en la época estival, cuando Madrid está prácticamente de vacaciones". Quintana se refiere al plazo dado por la Comunidad de Madrid para que los representantes del sector puedan presentar alegaciones al borrador del texto legal que el Ejecutivo quiere aprobar. Ese plazo vence dentro de 15 días.

Sociedades interpuestas

Para Quintana el artículo más polémico del nuevo texto es el 10 "porque abre la puerta a la liberalización a través de personas jurídicas, lo que posibilita la creación de sociedades interpuestas, que pueden controlar seis, sesenta, seiscientas o seis mil licencias. Es decir, se va a fomentar un fraude difícilmente detectable".

El consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados, asegura que "este nuevo reglamento viene a regular una situación fraudulenta que todo el mundo sabe que ocurre con las licencias, pero a la que no se le había puesto coto".

Quintana también critica el artículo 36 del borrador. A su juicio este artículo permite "la compatibilidad del trabajo de taxista con cualquier otro empleo o actividad lo que sin duda atenta contra la profesionalidad del sector, estimula el pluriempleo y afecta negativamente a la seguridad vial".

Otro de los preceptos criticados por el PSOE es el que establece el artículo 31. Según Quintana, el borrador "permite que cualquier persona, con sólo el permiso de conducir de la clase B quede habilitada para conducir un taxi, lo que evidencia un ataque a la dignidad del sector del taxi, en detrimento de la calidad del servicio que terminarán padeciendo los usuarios de este servicio público".

Granados aseguró ayer a este periódico que en el nuevo texto legal se encuentran todos los requisitos para la obtención de una licencia de taxi como la necesidad de que el trabajador conozca perfectamente la ciudad, sus alrededores y paseos, la ubicación de oficinas públicas, centros oficiales, hoteles principales, lugares de ocio y esparcimiento de masas y los itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino.

Según el consejero, "son los Ayuntamientos los que otorgan las licencias, los que deben realizar un examen a los candidatos si así lo estiman conveniente". "Nosotros, con el reglamento lo único que hacemos es decirle a los consistorios cuáles son los requisitos que deben cumplir los taxistas y son ellos los que deben velar por que esos requisitos se cumplan".

Para el grupo socialista en la Asamblea, también resulta "muy preocupante" que la transmisión de licencias se reduzca a dos años como se dice en el artículo 17 del borrador, lo que supondrá un incremento de transmisiones y por ende un mayor endeudamiento". En la actualidad la transmisión de licencias a otras personas se puede realizar a los 10 años y a los cinco en caso de venta.

Otro de los puntos novedosos de este borrador preparado por la consejería supone que "con sujección a la legislación vigente en materia de tráfico y seguridad vial y a la normativa general de publicidad, los municipios podrán autorizar a los titulares de licencias para contratar y colocar anuncios publicitarios tanto en el interior como en el exterior del vehículo, siempre que se conserve la estética de éste, no se impida la visibilidad ni se genere riesgo alguno, y no se atente contra la imagen del sector".

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, se comprometió a tener este nuevo reglamento en funcionamiento en sus primeros 100 días de mandato. Promesa que ha incumplido puesto que aún continúa siendo un borrador y probablemente no entrará en vigor antes de que termine el verano. El Ejecutivo autonómico se comprometió a elaborar un reglamento que permita cambiar el real decreto del año 1979 que rige este sector. Según estas normas, está prohibido que un taxista pueda tener más de un permiso de explotación. El Ayuntamiento también ha dado su beneplácito a esta nueva legislación.