Parón de Repsol YPF en Bolivia

De lo malo, lo mejor. La clara victoria del sí en el referéndum del domingo pasado en Bolivia sobre una nueva política de gas con más participación estatal ha resultado la opción deseada por las petroleras extranjeras, entre ellas Repsol YPF. No es que les agrade que se derogue la ley de liberalización de los hidrocarburos, de 1997, pero esta norma generaba tanto rechazo popular que los inversores preferían un marco jurídico más aceptado. Sin embargo, el plebiscito ha despertado incertidumbre sobre cuánto aumentará la presión impositiva y el presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, ya ha descartado "grandes" inversiones hasta que el Congreso defina el incremento.

YPFB se convertirá en socio de Repsol YPF en Andina. La española seguirá operando y controlando cuatro de los siete directores del consejo

El presidente Mesa, sin representantes en el Congreso, aboga por aumentar los impuestos a las petroleras que estén pagando menos del 50%

"La situación fiscal del sector necesita aclararse y acordarse", dijo Cortina en Madrid, en referencia a la nueva ley sobre petróleo y gas que el atomizado Parlamento boliviano deberá sancionar a partir de lo que interprete del sí a las cinco confusas preguntas del referéndum. No obstante, el titular de la empresa española opinó que "los resultados [de la votación] son positivos, especialmente para Bolivia". El 20% de las reservas de gas de Repsol YPF están en Bolivia. La empresa española controla el 50% de Andina, la petrolera con más reservas del país más pobre de Suramérica. Integra el consorcio exportador Pacific LNG -junto con las británicas BP y BG y la argentina Bridas-, que planea enviar gas a Estados Unidos y México.

El proyecto de 6.000 millones de dólares para vender desde 2009 a la norteamericana Sempra a través de un puerto de Chile -el enemigo de Bolivia desde que le quitó la salida al Pacífico- generó una revuelta indígena en octubre pasado que derivó en el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Losada. Sempra abortó el negocio, pero Repsol YPF aún cuenta con un contrato para abastecer a México y no descarta nuevas oportunidades en Estados Unidos. En la actualidad genera la mitad de los 18 millones de metros cúbicos diarios que van a Brasil, que firmó un convenio para comprar hasta 30 millones hasta 2019, y tres de los cuatro millones que por seis meses compra Argentina para disipar su crisis energética.

El negocio del gas de Bolivia, que cuenta con las segundas mayores reservas de Suramérica, no radica en abastecer a los 8,5 millones de bolivianos, cuya mayoría usa leña, sino en exportar. El presidente Carlos Mesa se ha confesado a favor de concretar nuevos negocios con Argentina y México. El 64,7% del sí a la quinta pregunta, referida al apoyo a la exportación, apuntalará esas iniciativas. Argentina planea extender el actual contrato e importar otros diez millones de metros cúbicos desde 2006. El dilema de México sigue siendo dónde se embarca el gas: Mesa ya descartó por impopular la opción más rentable de trazar un gasoducto a un puerto chileno.

La pregunta sobre exportación fue aprobada pero con condicionamientos: que se abastezca al insatisfecho mercado local, que se industrialice el recurso en territorio boliviano, que se cobren impuestos y regalías que lleguen al 50% de las ventas de petróleo y gas, y que se utilicen estos ingresos fiscales para la educación, la salud, el empleo y las carreteras. En la actualidad se pagan tributos y regalías de entre el 29% y el 63%, según la antigüedad del yacimiento. Sin embargo, Repsol YPF dice que el 60% de sus ventas va al Estado boliviano, y analistas privados calculan que aporta un 50%.

"Si aumentan las regalías, las empresas querrían ver un aumento de sus ingresos para no perder margen", advirtió el director para Latinoamérica de la consultora Cambridge Energy, Jed Bailey. "Su habilidad para hacerlo dependería de los mercados a los que está intentando vender", agregó Bailey. Los analistas vaticinan que si se encarecen los precios de exportación, países como Argentina o Brasil se verían obligados a buscar sustitutos e invertir en la explotación. Mesa, político independiente sin representantes en el Congreso, aboga por aumentar los impuestos a las petroleras que estén pagando menos del 50%.

Seis de cada diez bolivianos fueron a votar, pese a que líderes obreros e indígenas boicotearon el referéndum porque ninguna pregunta hacía referencia a la nacionalización de los hidrocarburos. El 86,6% sufragó a favor de la derogación de la ley de 1997. El 92,1% votó por la recuperación de la propiedad estatal del gas a boca de pozo, en lugar de en el subsuelo, lo que aumentará el control público sobre las explotaciones. El líder de la oposición, el aimara cocalero Evo Morales, interpreta que este sí autoriza a la revisión de todas las concesiones y a "nacionalizar por derecho, sin confiscación ni expropiación", pues demandaría indemnizaciones por hasta 5.000 millones de dólares. Mesa no comparte la visión de Morales: considera que esta pregunta se refiere a los futuros contratos y no a los existentes.

El 87,1% votó por la revitalización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyos activos se privatizaron en 1997. De YPFB surgieron Andina y Chaco (50% de BP y Bridas). La otra mitad de esas dos nuevas empresas quedó en manos de los "bolivianos y bolivianas", según estableció la ley, y gestionada por el sistema privado de pensiones. Tras el referéndum, YPFB recuperará las acciones de los ciudadanos y, por lo tanto, se convertirá en socio de Repsol YPF en Andina. La española seguirá operando y controlando cuatro de los siete directores del Consejo de Administración.

El 57,5% de los votantes respaldó la estrategia de Mesa de ofrecer gas a Chile -lo necesita ante la crisis de su proveedor, Argentina- a cambio de la salida al Pacífico. El Gobierno de Ricardo Lagos no acepta siquiera discutir sobre la cesión de territorio. Sólo le ofrece ventajas impositivas para transportarle el gas, mientras busca en otros países lejanos una fuente complementaria del suministro argentino. De esta disputa histórica también dependen los planes de Repsol YPF en Bolivia.