La OCDE reclama regulación y vigilancia en los planes de pensiones de empresa

Los planes de pensiones promovidos por empresas son un buen instrumento, a condición de que se regule más estrictamente su funcionamiento, se mejoren los derechos de los trabajadores y exista una autoridad supervisora, con facultades de intervenir ante riesgos de insolvencia. Éstas son las recomendaciones difundidas ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Estas peticiones no pretenden impulsar la privatización de las pensiones, sino despejar incertidumbres sobre los fondos promovidos por empresas. "El documento no entra en el debate entre pensiones públicas y privadas", confirmó a este periódico Juan Yermo, uno de sus autores. "La OCDE tiene muy claro que no debe entrar en esa cuestión. Nos ocupamos sólo de las pensiones privadas, con el objetivo de que funcionen bien y evitar que generen desconfianzas".

La preocupación por la credibilidad forma parte de un análisis más amplio. En el otoño pasado, la OCDE llamó al combate contra lo que denominó "políticas erróneas del pasado", que intentaron reducir el paro favoreciendo las prejubilaciones y bajas anticipadas. La corrección prosigue ahora con la exhortación a los Gobiernos para que se preocupen de los planes empresariales de jubilación.

El documento define "principios directores" y recomienda suprimir todo tipo de discriminaciones: no se puede limitar el acceso a un fondo de ese tipo por motivos de "edad, sexo, duración del empleo, condiciones, empleo a tiempo parcial o estado civil". Para facilitar la movilidad, las normas deben permitir que se lleven el valor del saldo de sus derechos adquiridos, cuando cambian de empleo.

Recomienda la separación jurídica de los fondos respecto a las empresas. Se pretenden evitar (como ocurrió con Enron) que la quiebra de aquéllas se lleve por delante las pensiones de los empleados. También recomienda limitar la capacidad de un fondo para invertir en acciones propias. La OCDE no recomienda la intervención directa del Estado ni anima al aval público de las obligaciones de los promotores de los fondos privados.

El sistema de fondos de pensiones empresariales o profesionales está aún poco desarrollado en España: sus partícipes suman 597.168 miembros, según de la OCDE, muchos menos que los 5,3 millones de titulares de planes personales de jubilación.