Vallès elude hablar de destituciones por los presuntos malos tratos a presos

Silencio absoluto. El consejero de Justicia de la Generalitat, Josep Maria Vallès, compareció ayer durante tres horas en el Parlament para explicar los presuntos malos tratos sufridos por 26 presos de la cárcel de Quatre Camins, pero en ningún momento habló de cómo está la investigación ni de si piensa realizar más destituciones de directivos en esa cárcel. Todos los grupos parlamentarios estuvieron a la misma altura y ninguno le preguntó por ello.

Justicia anunció el 5 de julio que, tras una primera investigación interna, remitía el caso a la fiscalía por si los supuestos malos tratos a los presos constituían delito. También anunció que continuaba esa investigación y que revisaría los protocolos de seguridad y los organigramas de las prisiones que se considerasen necesarios. Daba la impresión de que, esta vez sí, el Gobierno de la Generalitat, con el consejero al frente, tendría una actitud decidida para perseguir la supuesta vulneración de los derechos humanos en las prisiones. Aquel mismo día, diversas organizaciones de juristas de talante progresista reclamaron que fuesen apartados de sus cargos de manera cautelar los máximos responsables de la cárcel, pero ayer todos ellos seguían en el cargo, excepto uno.

Se trata del ex subdirector médico de Quatre Camins Xavier Martínez Redondo, destituido hace unos días por la Generalitat. Vallès sorprendió ayer en su comparecencia en el Parlament cuando explicó que no había sido relevado porque cuatro presos declarasen que había participado en las supuestas agresiones, sino porque tenía contrato laboral temporal y así no podía ejercer esas funciones.

Los elogios de CiU y el PP

CiU y el PP se alinearon de manera clara con el subdirector destituido y se deshicieron en elogios hacia su profesionalidad. "Ustedes ya lo han juzgado políticamente y lo han convertido en cabeza de turco", afirmó la ex consejera de Justicia y diputada de CiU Núria de Gispert. Más contundente fue el portavoz del PP, Daniel Sirera. "Con la destitución, se le ha colocado una diana en la cabeza", afirmó, antes de recordar que el ex subdirector médico había acudido a la fiscalía a solicitar protección porque se sentía amenazado.

Pero más allá de ese caso, ningún grupo parlamentario, ni de la oposición ni de los que sustentan el tripartito, preguntó por la investigación interna que prosigue el departamento. Tampoco se interesaron acerca de cuántos funcionarios se centran las indagaciones ni por si las sospechas iniciales se han confirmado o se han evaporado.Probablemente el dato más destacado que aportó ayer el consejero de Justicia es que la noche del motín, después de haberse restablecido la normalidad en la cárcel, un grupo de funcionarios que habían acudido a Quatre Camins, entre ellos personal libre de servicio y de otras cárceles, improvisó una asamblea en un patio. En esa reunión los funcionarios reclamaron que, como represalia a la brutal agresión que había sufrido horas antes el subdirector de la cárcel, Manuel Tallón, se aislase durante todo el fin de semana a los 1.300 presos del centro.

La consejera De Gispert insinuó que el consejero había accedido a esa petición y que eso sí era una actuación irregular y suponía un exceso de rigor con los presos. Vallès calló en la primera insinuación, pero a la segunda explicó que no cedió a la petición de los funcionarios y que al día siguiente al de los hechos los presos pudieron ser visitados por sus familiares, incluso los del módulo 1, donde se habían producido los incidentes.

Vallès, que estuvo acompañado del secretario de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle, empleó buena parte de su tiempo en defender la actuación de su departamento, tanto en la forma como en el fondo. "Hubiese sido irresponsable volver la cara y mirar hacia otro lado. Era lo más cómodo, pero lo más pernicioso para el sistema penitenciario", dijo. También anunció "tolerancia cero ante cualquier sospecha de vulneración de derechos fundamentales" y, como es habitual en sus intervenciones, arremetió contra los medios de comunicación.

Sindicatos y periodistas

Vallès puso ayer en el mismo saco las "actitudes de los sindicatos", que han sido muy críticos con el hecho de que la Generalitat acudiese a la fiscalía, y la de algunos "sectores mediáticos". Después dijo que rechazaba los "planteamientos sectarios".

Más adelante, tras la intervención de los grupos de la oposición, sugirió un "acuerdo nacional penitenciario" y ofreció la creación de una mesa permanente de diálogo y seguimiento del sistema penitenciario catalán.

La diputada de CiU Núria de Gispert le reprochó que dudase de los funcionarios y diese credibilidad a las declaraciones de los presos. "Ya sabemos que las prisiones no son su fuerte y que no le gustan", le espetó al consejero. El portavoz del PP, Daniel Sirera, tampoco se quedó atrás en sus críticas al consejero y, al igual que CiU, se puso del lado de los funcionarios. "Usted no quería ser consejero de Justicia. Se nota que lo que hace no le gusta, y mucho menos las prisiones", afirmó. Los dos grupos de la oposición pidieron al consejero que aproveche el verano para reflexionar.

"Apelo a la dignísima tradición democristiana y le recuerdo que en las intenciones no juzga ni la Iglesia, sólo Dios", respondió Vallès a la interpelación de la ex consejera De Gispert.

Los portavoces de los grupos parlamentarios que apoyan al tripartito defendieron, con matices, la actuación del Departamento de Justicia.