El PP achaca al equipo anterior los bloques irregulares de Oropesa

Las licencias concedidas para la construcción de dos bloques de más de 600 apartamentos en suelo dotacional privado para uso exclusivo como cámping en Oropesa fueron otorgadas por el anterior equipo de gobierno municipal, formado por los concejales de un grupo independiente, en coalición con el PSPV. Así lo señaló ayer el concejal de Urbanismo de Oropesa, Tomás Fabregat, del Partido Popular.

La decisión del anterior equipo de gobierno contaba con un informe favorable del arquitecto, tal como denunció el edil del Bloc, Josep Lluís Romero. El del arquitecto fue el único informe favorable, ya que la secretaria del Ayuntamiento consideró, cuando se solicitó la construcción del primer bloque, que "no procedería la concesión de la licencia de obras solicitada por no cumplir la normativa establecida en el planeamiento de aplicación". Cuando se solicitó la licencia para el segundo bloque, el equipo de gobierno no reclamó el informe de la secretaria, ya que confluían las mismas condiciones, y se basó únicamente en la consideración del arquitecto. Éste, según los documentos que forman parte del expediente, emitió una licencia de obras utilizando como plantilla la primera concedida, con lo que el documento que autoriza la construcción de 298 viviendas está plagado de tachones.

El Ayuntamiento de Oropesa cuenta con otros cuatro documentos en los que se advierte de la irregularidad que supone la construcción. Dos de ellos, uno para cada uno de los bloques construidos, fueron redactados por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, después de visar el proyecto. En éstos ya se señalaba que el mismo "no cumple con las normas urbanísticas del Plan General de Oropesa en lo referente al uso permitido". El colegio de arquitectos envió su consideración tanto al entonces alcalde de Oropesa, Francisco Garrido, como al Servicio Territorial de Urbanismo de la entonces Consejería de Obras Públicas, ahora de Territorio. Este servicio requirió al Ayuntamiento para que "adoptara las correspondientes medidas de protección de la legalidad urbanística".

Según Tomás Fabregat, el Ayuntamiento no ha tomado más medida que el abrir un expediente sancionador que, de momento, no ha concluido. Además, solicitó un informe externo que avalara la legalidad en la concesión de las cédulas de habitabilidad que ha de conceder el Consistorio. La valoración de los abogados contratados, según la interpretación del edil del PP, es favorable. Sin embargo, el informe sostiene que sus consideraciones sobre la posibilidad de otorgar cédulas de habitabilidad se basa en el caso de que el acto de concesión de la licencia de obras sea firme.