Bruselas denuncia a la ex comisaria Edith Cresson ante el Tribunal de Luxemburgo

La Comisión Europea decidió ayer enviar el expediente disciplinario contra la ex comisaria francesa Edith Cresson al Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, para que determine si hubo favoritismo y negligencia durante sus obligaciones dentro del Ejecutivo comunitario entre 1995 y 1999. Esta decisión se produjo tras el análisis de todos los elementos que dispuso la comisión desde 1999, y después de la audiencia que concedió a la ex primera ministra francesa Cresson y su equipo de abogados el pasado 30 de junio.

Bruselas se apoyó en el artículo 213 del Tratado de la UE que estipula que los miembros de la comisión ejercen sus funciones en completa independencia, en el interés general de la Comunidad. En el cumplimiento de estas tareas, dicho artículo subraya que los comisarios no solicitan ni aceptan instrucciones de ningún Gobierno y de ningún organismo, al tiempo que hace hincapié en que tienen que abstenerse de todo acto incompatible con el carácter de sus funciones. En caso de violación de sus obligaciones, el Tribunal de Justicia, reclamado por el Consejo o por la Comisión, puedepronunciarse sobre la dimisión o la reducción del derecho de pensión del interesado u otras ventajas, concluye el artículo 213.

Cresson fue comisaria entre el 4 de enero de 1995 y el 8 de septiembre de 1999, una vez que la Comisión presidida por el luxemburgués Jacques Santer presentó su dimisión colectiva el 15 de marzo de 1999. La cartera que tuvo en sus manos fue la de Investigación, Innovación, Educación, Formación y Juventud.

La ex primera ministra francesa reclamó a finales de junio a la comisión que cierre las diligencias abiertas contra ella, una vez que la justicia belga consideró el 30 de junio que no había motivos para enjuiciarla y retiró todos los cargos por los que fue acusada. Cresson volvió ese mismo día a la sala de reuniones del Ejecutivo comunitario para exponer ante el colegio de comisarios sus argumentos. Reconoció entonces que los últimos años habían sido muy duros para ella y sus colaboradores, que habían sido inculpados e investigados hasta ese día.

Denuncias irresponsables

El abogado de Cresson, el belga Georges Vandersanden, insistió en que la Comisión era parte civil en el proceso penal que se llevaba a cabo ante los tribunales belgas. Vandersanden preguntó sobre la necesidad de seguir, refiriéndose al expediente disciplinario que mantiene abierto el Ejecutivo comunitario. Calificó las denuncias contra su cliente en 1999 y los años sucesivos de irresponsables. Cresson fue acusada en 1998 de haber aprobado la contratación de su dentista personal, René Berthelot, como funcionario en la Comisión Europea entre 1996 y 1997, con una retribución de 150.000 euros durante ese periodo. Asimismo, se investigó su presunta implicación en el trato de favor dado a una compañía francesa en un programa que estaba bajo su responsabilidad.