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La Fiscalía de Sevilla vuelve a presentar acusación en el 'caso Ollero', pese a la nulidad de las escuchas

La Fiscalía de Sevilla ha vuelto a presentar escrito de acusación en el llamado caso Ollero [pago de comisiones en la adjudicación de carreteras andaluzas], a pesar de que el Tribunal Constitucional anuló los pinchazos telefónicos en los que se basó la primera condena de la Audiencia de Sevilla.

Fuentes del caso dijeron ayer que el fiscal ha presentado ya su escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla que, sin embargo, no lo remitirá a los abogados personados hasta que lo haga la otra acusación, ejercida por la Junta de Andalucía, cuyo letrado ha pedido un aplazamiento por encontrarse enfermo.

En octubre de 2003 el Tribunal Constitucional anuló las escuchas telefónicas que sirvieron para condenar a Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta; a su hermano, el intermediario Jorge Ollero, y a dos altos directivos de la constructora Ocisa por delitos de prevaricación, revelación de secretos y falsedad.

La sentencia ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior a la presentación de los escritos de acusación, en una nueva fase en la que sólo van a acusar el fiscal y la Junta de Andalucía, ya que las acusaciones particulares de IU y el PP anunciaron meses pasados su retirada del caso.

Las citadas fuentes no pudieron precisar si el escrito de la Fiscalía de Sevilla se dirige también contra el ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos, ahora director general de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, pese a que en el juicio celebrado en 1999 fue absuelto de delitos de prevaricación y cohecho.

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En su primera calificación, presentada en 1997, el fiscal pidió para López Martos seis años de inhabilitación por un delito de prevaricación y dos años y cuatro meses por cohecho. La Audiencia de Sevilla condenó en 1999 al ex director general de Carreteras, Manuel Ollero, a un año de inhabilitación para cargo público por revelación de secretos.

Su hermano Jorge, que en julio de 1992 había sido detenido con un maletín con 22 millones de pesetas procedentes del pago de comisiones, según su primera declaración, fue condenado a tres meses de arresto por tráfico de influencias. Jesús Roa, ex presidente de la constructora Ocisa, a la que se adjudicó la obra, fue condenado a tres meses de arresto por cohecho y a un año de prisión por falsificación de documento mercantil, y el directivo de dicha empresa Luis Nogueira a dos penas de multa como cómplice.

La sentencia consideró demostrado el pago de una comisión ilegal de 763.000 euros (127 millones de pesetas) por la adjudicación a la constructora Ocisa en 1992 de la carretera Salinas-Las Pedrizas, situada entre Málaga y Granada.

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