El Gobierno defiende que se asignen derechos de emisión a todos los sectores productivos y se compense a la industria

El Gobierno vasco presentará hoy ante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente su postura respecto al Plan nacional de Asignación de Derechos de Emisión, en la que, además de reivindicar un papel más activo de las comunidades autónomas, plantea que el el plus de reducción de emisiones de las eléctricas en el País Vasco sea compensado con mayores cuotas para el resto de la industria.

La Directiva 2003/87/CE por la que se establece un mercado europeo de comercio de derechos de emisión, trata de trasladar a las instalaciones industriales y del sector energético el compromiso adquirido por los países miembros de la UE, conforme al Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones de efecto invernadero. El Gobierno, consciente de que la cogeneración es muy importante en Euskadi, ha elaborado un informe en el que establece que el potencial de reducción de emisiones, estimando una utilización intensiva de las centrales de generación eléctrica de ciclo combinado, se sitúa en torno a las tres millones de toneladas de CO2. Según el Ejecutivo, su apuesta decidida por las energías limpias ha supuesto ya una reducción de las emisiones en 5 millones de toneladas de CO2 hizo que Euskadi cumpliera ya el protocolo de Kioto en 2001. Según el Inventario de la Oficina Española de Cambio Climático, las emisiones se incrementaron globalmente en la comunidad autónoma un 9,7%, cuando el tope era del 15%, mientras que en el resto del Estado el incremento se ha situado en el 33%. En Euskadi los sectores que más contribuyen a las emisiones son el energético, con el 33%, el transporte con el 25% y el industrial con el 22%. Argumenta el Gobierno vascp que, puesto que el sector industrial vasco ya ha reducido casi un 29% sus emisiones entre 1990 y 2002, parece justo darle un tratamiento especial y compensarlo frente a las eléctricas, para hacerlo además más competitivo.

Por otra parte, la portavoz, Miren Azkarate, reiteró la negativa del Ejecutivo a colaborar con el de José Luis Rodríguez Zapatero en materia penitenciaria mientras no se produzca la transferencia de prisiones.