En línea con las recomendaciones del FMI

Las medidas para incrementar la transparencia de las cuentas públicas que el Gobierno pretende poner en marcha este viernes van en línea con las recomendaciones del borrador del informe sobre la Observancia de los códigos y estándares de transparencia fiscal, realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El borrador (el informe definitivo se presentará en septiembre) se programó y preparó antes de que el ex ministro de Economía español Rodrigo Rato fuese designado director gerente del Fondo a principios de mayo pasado. El texto concluye que España, en general, cumple con los criterios de transparencia internacionales. No obstante, hay algunas cuestiones que requieren una mayor clarificación.

Entre las observaciones del Fondo destaca, por ejemplo, el hecho de que a pesar de que "existe un marco legal que determina las responsabilidades y los objetivos del Gobierno y de los entes públicos, así como de éstos con las empresas públicas, en la práctica, la aplicación de las normas en casos específicos tiende a desdibujar las fronteras entre la acción del Gobierno y las empresas públicas, lo que a su vez crea incertidumbre sobre la correcta clasificación de las transferencias de presupuestos hacia los entes públicos diversos. La razón por la que se hacen estas transferencias entre el Gobierno y las empresas debe ser justificada en cada caso y la explicación de ello debe ser transparente y pública".

El Fondo claramente se refiere aquí a casos como el del GIF, RTVE o AENA, de los que el Gobierno del PSOE quiere dar a conocer cuál es el déficit exacto que presentan. Los criterios contables de Eurostat, la oficina estadística de la UE, considera que los gastos públicos considerados activos financieros, esto es, una inversión inicial que posteriormente revierte en beneficios, no se computan como déficit público. Sin embargo, el Gobierno del PSOE no está seguro de que todos los gastos comprometidos para los próximos años por el Ejecutivo anterior en estos y otros entes públicos cumplan los criterios de Eurostat para ser considerados activos financieros.

Añadido a esto, el Fondo recomienda que los "costes fiscales y riesgos relaciones con las diversas formas de asociación pública y privada a medio y largo plazo (incluyendo a nivel local y regional) deben ser sistemáticamente cuantificados, apuntados con la mayor transparencia en la documentación que acompaña a los Presupuestos, y publicitados".