La Audiencia confirma las penas por los destrozos de Sants en 1999 y los condenados recurren al Constitucional

La Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona ha confirmado casi en su integridad la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 7 de esta ciudad que condenó a penas de entre uno y cuatro años de prisión a 17 jóvenes por los disturbios ocurridos en el barrio de Sants el 12 de octubre de 1999, durante una protesta contra el Día de la Hispanidad. La sentencia puede acarrear el ingreso en prisión de al menos uno de los acusados, Antonio R. A., al que se le condena a cuatro años de cárcel por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y daños.

Se da la circunstancia de que esta persona fue la única que no detuvo la policía durante los incidentes, sino unos días después al ser identificado en unas imágenes de televisión en las que aparecía con un lanzacohetes. El acusado, además, tiene antecedentes penales. Algunos de los 17 condenados han anunciado que presentarán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar la suspensión de la ejecución de las penas. El abogado defensor Jaume Asens explicó ayer que esa misma petición la planteará también al juzgado que ejecute la sentencia. El recurso de amparo argumentará que la Audiencia de Barcelona no respondió a las alegaciones contra la sentencia condenatoria y denegó algunas pruebas.

La mayoría de los jóvenes fueron condenados a un año de prisión por desórdenes públicos y otro por atentado, además del pago de una multa de 1.800 euros por un delito de daños. Asimismo, deberán indemnizar a las tiendas, entidades bancarias y otras empresas que padecieron la rotura de cristales, escaparates o mobiliario. El Ayuntamiento de Barcelona ejerció la acusación particular en el caso, pero la justicia consideró que no se podía condenar a los jóvenes a pagar los destrozos en el mobiliario urbano porque no se probó que fuesen ellos los causantes.

A consencuencia de aquellos hechos, la policía detuvo a 22 personas, 14 de las cuales estuvieron ocho días en prisión, entre ellas dos menores. Se les acusó, entre otros cargos, de asociación ilícita, un delito que el fiscal nunca imputó finalmente en el juicio. La decisión de la juez instructora del caso, Remei Bona, de encarcelar a los jóvenes fue duramente criticada por el Colegio de Abogados y desde diversos sectores, hasta el extremo de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, hubo de salir en su defensa y reclamar "mayor respecto" para la magistrada, de larga trayectoria progresista. Unos meses después, Remei Bona acabó abandonando el juzgado de instrucción y pasó a una Sección Civil de la Audiencia de Barcelona.