Engrasar la maquinaria

¿Quién no se ha encontrado alguna vez con la necesidad, la oportunidad o la conveniencia de dar una propina a un funcionario o a un empleado para que un asunto no se detenga? "Usted comprenderá, tenemos mucho trabajo y pocos brazos...", "para lo que nos pagan, no podemos hacer mucho más...", "sería una pena que su expediente se perdiese entre todo este montón de papeles...". Y como decía el del chiste, "desde que los fenicios inventaron el dinero, estos problemas tienen una solución fácil". "Pero eso ocurre sólo en los países más atrasados", me dice el lector. Y en los avanzados también, aunque de modo más sofisticado. Los pagos de facilitación son asunto frecuente en todo el mundo. Más en algunos entornos que en otros, claro. Pero la tentación existe siempre. Y cuando no existe, nos la inventamos. A veces, incluso oficialmente, como cuando hay una vía barata y lenta para resolver un asunto, y otra más cara, pero más rápida (y legal).

Los pagos que engrasan la rueda de la burocracia generan problemas éticos, sociales y económicos importantes. Éticos, porque un funcionario o empleado está actuando injustamente, en contra de lo que es su deber, para obtener unos ingresos a los que no tiene derecho. Y porque otra persona está contribuyendo a esa conducta injusta, a veces sin pararse a considerar si lo que hace está bien o no.

Y problemas sociales también. Porque, al menos, suponen aprobar la conducta de un funcionario o empleado que no está cumpliendo con su deber. Y porque probablemente cuenta con la aprobación de sus superiores, que no es improbable que hayan montado un pequeño chanchullo de corrupción, por la que el cliente debe pasar por el tubo -pagar- y el funcionario debe desviar una parte de la comisión a sus superiores. Y por tanto, porque el problema nunca tendrá solución, porque cualquier denuncia al superior será inútil e incluso perjudicial.

Y problemas económicos, porque las regulaciones, prohibiciones, permisos y ventanillas se multiplican, como medio para maximizar las oportunidades para extraer pagos de facilitación a los usuarios, clientes o consumidores del servicio; los costes suben y los incentivos para ser eficientes se reducen. Y los demás funcionarios y empleados aprenden, con lo que la cultura de la corrupción se extiende.

Y las empresas dejan de ser transparentes: ¿cómo van a anotar en su contabilidad que han pagado 10 euros a un funcionario para empujar un papel o acelerar un trámite? Así se crean los fondos de reptiles. Y los empleados de la propia empresa aprenden que hay cosas que no se deberían hacer, pero que la empresa está dispuesta a hacer y que ellos tienen que ejecutar. O sea que aprenden a comportarse de manera corrupta, excusando los pequeños robos (total, llevarse el papel de la impresora no supone un coste mayor para la empresa que las mordidas que nadie discute si se deben pagar o no), reduciendo la atención por los intereses de la empresa o entrando en la cadena de la extorsión.

Salir de esta cultura es difícil. Para empezar, hay que cambiar los incentivos: los empleados corruptos deben saber que tienen mucho que perder si son sorprendidos. O sea, hay que pagar sueldos decentes y tomar luego medidas muy drásticas contra los infractores. Y crear una mentalidad de eficiencia y honradez en la función pública o en el servicio privado, de modo que atraiga a los mejores.

Y hace falta también que los ciudadanos y empresas se tomen en serio la lucha contra la corrupción, también en la pequeña escala que aquí estamos describiendo. Porque parece pequeña para el que da unos euros, pero acaba siendo muy grande para el país, por sus efectos devastadores. Y porque nos enseña a ser... ¿cómo lo diría?, descuidados en las cuestiones éticas. Y ahí los aprendizajes son muy rápidos. El primer día que sobornas a un funcionario o que accedes a su extorsión, lo pasas fatal. Pero, con el tiempo, uno se acostumbra a todo.

Y éste es un asunto en el que la sensibilidad pública es particularmente importante, porque la ley es, en buena medida, impotente. ¿Cómo vas a despedir a un funcionario al que has cogido aceptando una propia de cinco euros para acelerar un trámite? ¿O cómo vas a probar ante un juez que llevó a cabo esa acción? Más aún: ¿qué juez admitirá a trámite una denuncia por una extorsión de cinco euros?

Por eso es particularmente importante que la sociedad no se deje engañar. No es una cuestión de menor importancia. Y por ello las empresas, sobre todo las grandes, deberían ser particularmente estrictas a la hora de prohibir a su personal cualquier tipo de pago de facilitación, explicando por qué no deben hacerse, ofreciendo ayuda a la hora de resistirse y generando esa cultura de honestidad que tan necesaria es para el buen funcionamiento de los negocios... y de la sociedad toda.

Antonio Argandoña es profesor de Economía del IESE.