Padrinos en Moscú

El asesinato a balazos en Moscú de Paul Klebnikov, director de la edición rusa de Forbes, ha puesto de manifiesto lo peligroso que es ejercer esta profesión en una Rusia en la que los ámbitos de la libertad de prensa se van reduciendo bajo la presión de las mafias, los oligarcas y un asfixiante Ejecutivo. El periodista, de origen estadounidense, había escrito libros de investigación sobre los oligarcas y sobre Chechenia. El crimen, cuyos motivos no están claros, ha conmocionado a la sociedad rusa, que ayer vivió un nuevo sobresalto al intervenir el Gobierno de Putin en la petrolera Yukos, de la que depende una quinta parte de la extracción de crudo en el país.

Putin lleva tiempo en lucha contra los oligarcas que intentan entrometerse en su política. En el caso de Yukos, doblemente, pues en unos tiempos de incertidumbre en los mercados de crudo, derivada en parte de la guerra de Irak, Putin no puede permitirse que Rusia deje de bombear. El presidente ha dejado meridianamente claro que las decisiones empresariales que tienen consecuencias en la política exterior, como ocurre con el sector energético, no pueden estar puramente en manos privadas. Pero lleva acogotando a Yukos en varios frentes: judicial, fiscal y policial. Yukos debía 1.000 millones de dólares a acreedores privados y 3.400 millones en impuestos atrasados al Estado ruso sólo por el ejercicio de 2000. Ayer, en un signo claro de que el Ejecutivo pretende coger las cosas en su mano en un país en que la separación de poderes es pura ficción, la justicia mandó inmovilizar todos los activos de la empresa.

El gesto, un empujón hacia la bancarrota o hacia la estatalización de Yukos, está dirigido en primer lugar contra su primer accionista, Mijaíl Jodorkovski, actualmente en la cárcel por evasión de impuestos y desfalco, al que Forbes ha atribuido una fortuna personal de 15.200 millones de dólares. Pese al origen oscuro de estas fortunas y empresas, no parece que el Ejecutivo de Putin vaya a tranquilizar de este modo a los inversores, aunque el sector petrolero sea un valor seguro en este país. El clima de inseguridad que se está creando podría rebotar contra Putin, cuyas reformas están estancadas. Las colas de ciudadanos para sacar dinero de las cuentas bancarias ante la falta de garantías son una prueba de desconfianza para el que serán un mero paliativo los intentos del Parlamento de calmar los ánimos con una ley que garantice los depósitos. El problema de la Rusia de Putin, con unos métodos autoritarios propios del régimen comunista, no es tanto una falta de leyes, sino un abuso de poder del Gobierno.