Un informe ve irregularidades en la detención de Villanueva

Waldo Albarracín, defensor del Pueblo de Bolivia, ha realizado un informe a petición de la Embajada española en el que se afirma que "existe un tiempo de cuatro horas y 25 minutos" en el que se desconoce dónde estuvo Javier Villanueva, acusado del asesinato de una fiscal. La defensa del sevillano siempre ha sostenido que en ese lapso fue torturado. Respecto a este asunto, el informe afirma que "no existe respuesta coherente de cómo fueron producidas las lesiones".

La oficina del defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, ha realizado un completo informe sobre el caso de Javier Villanueva, el sevillano acusado de tomar parte en el asesinato de la fiscal Mónica Von Borries en febrero de este año. Este análisis, que está fechado el 30 de junio de 2004, empezó a elaborarse después de una entrevista entre el embajador de España en La Paz, Víctor Fragilde, y el defensor del Pueblo.

Una de las principales conclusiones a las que llega Waldo Albarracín es que "existe un tiempo de cuatro horas y 25 minutos" en el que "las autoridades no explican dónde estuvo este ciudadano". En el mismo escrito, se afirma que sólo se necesita media hora para ir desde el lugar en el que Villanueva fue detenido el 24 de abril hasta las dependencias de la Policía Técnica Judicial (PTJ).

Según consta en los registros de la policía boliviana, el sevillano de 27 años fue detenido a las 17.05, en la entrada del local que regenta en Santa Cruz de la Sierra. En esos mismos registros figura que no se le tomó declaración hasta las 21.30.

Tanto Javier Villanueva como su abogado, Omar Barrientos, siempre han sostenido que en este lapso de tiempo -que ellos elevan a seis horas- fue torturado para que terminara por confesar en un video su supuesta participación en el asesinato de la fiscal Von Borries. Respecto a las presuntas torturas, el informe del Defensor del Pueblo da por sentado que en el cuerpo de Villanueva había "hematomas y equimosis". Waldo Albarracín afirma que "no existe respuesta coherente de cómo fueron producidas las lesiones o en qué circunstancias".

La defensa de Villanueva también sostiene que durante el tiempo que trascurrió desde su detención hasta que prestó declaración, le obligaron a grabar el video en el que se autoinculpa - una cinta de aproximadamente una hora que fue difundida total o parcialmente en casi todas las cadenas bolivianas-. El informe afirma que, tanto el fiscal del caso, Hugo Iquise, como los agentes de la policía "han incumplido con principios básicos establecidos en el Artículo 296 del Código de Procedimiento Penal". El defensor del Pueblo sostiene que "Villanueva fue filmado sin su consentimiento y se difundió dicha grabación (...) Esta declaración es totalmente diferente a la declaración informativa policial que realizó en presencia de su abogado".

En el informe también se hace referencia a otras irregularidades que denuncia Villanueva, aunque sin dejar del todo claro si están probadas o no. El sevillano dice que los agentes no se identificaron como tales en el momento de su detención; que no le informaron de los motivos; y que no le dijeron que tenía derecho a guardar silencio. Por último, el defensor del Pueblo avanza que su oficina está dispuesta a "adoptar las acciones que el caso requiere para el esclarecimiento definitivo del hecho".

El padre del detenido, Francisco Villanueva, afirmó ayer que este informe hará "aumentar las sospechas de irregularidades en el caso a todos aquellos que todavía no las tenían". Aunque su hijo continúa encarcelado en la prisión cruceña de Palmasola, esperan que finalmente le concedan la libertad bajo fianza.