Dimite el dirigente vecinal de Valencia que denunció falsas ablaciones

El vocal de Educación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Vicente Micó, presentó ayer su dimisión "por no recibir apoyo" de la dirección en las denuncias de ablación a menores que hizo públicas el pasado mayo, después negó, y que no se llegaron a confirmar. Se trataba, dijo, de cuatro niñas que acudían a centros públicos de Valencia; tres de la propia ciudad y una cuarta del área metropolitana. El día siguiente a la denuncia, la federación aseguró que no tenía conocimiento de "ningún caso concreto de escolares o menores" que hayan sufrido la ablación del clítoris y que Micó y el presidente vecinal, Antonio Cañuelo, se habían limitado a comentar el escrito de la directora de un centro que exponía su preocupación genérica por el problema.

Sin embargo, Micó lamentó ayer la "poca importancia" que la federación vecinal "le ha dado a estos asuntos educativos" y afirmó que la dirección de la asociación le prometió una serie de documentos sobre, al parecer, las denuncias de ablaciones a menores en centros escolares, que, según dijo, no llegaron a entregarle. Tras la denuncia vecinal en mayo, el concejal de Educación, Emilio del Toro, hizo llamar a todos los colegios para asegurarse de que no existían casos de ablación, y exigió que se le facilitara toda la información por si procedía actuar policial o judicialmente. La federación de vecinos sólo disponía del mencionado escrito de la directora de un colegio, que negó conocer casos concretos, al igual que el resto de centros escolares.

Protocolo de actuación

Micó aseguró que solicitaba la creación de un protocolo de actuación porque la Comunidad Valenciana no dispone de un plan de urgencia para impedir que la población infantil "pueda seguir siendo objeto de tales mutilaciones con relativa impunidad". Micó criticó que Cañuelo "no tomara más cartas en el asunto" después de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el consejero de Educación, Esteban González Pons, "se echaran" sobre él, porque no tenía ninguna prueba de las ablaciones, y el fiscal abriera diligencias, archivadas por no tener fundamento.