Casas de 15 metros y sin cuarto de baño

La calle de Oviedo es histórica y sus vecinos lo saben. Algunas de sus fincas fueron construidas hace más de 100 años, y el paso del tiempo les está pasando factura. Ahora, tanto propietarios como inquilinos (que son aproximadamente el 20%, según los cálculos del Ayuntamiento) tienen que saldar las cuentas.

Paloma tiene 46 años y es propietaria de un piso de unos 15 metros cuadrados donde vive con su hija pequeña. "Hace años que sabía que esto iba a pasar", dice. Esto es el Plan de Revitalización del centro presentado la semana pasada por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, un plan que a Paloma no le sorprende en absoluto. "No se puede vivir en estas condiciones", reconoce, "pero a muchos no nos queda más remedio".

Las fachadas más deterioradas de la calle de Oviedo esconden pisos de unos 20 metros cuadrados. No disponen de baño y su interior apenas conoce la luz natural. La humedad devora año tras año la pintura de las paredes y las grietas preocupan a sus residentes. Las condiciones de vida son del todo insalubres: muchos pasan más tiempo en los patios interiores que dentro de sus viviendas.

Paloma lo tiene muy claro: "Si me garantizan que una vez finalizadas las obras puedo volver a mi piso nuevo, entonces vale: aceptaría sin poner ninguna pega". Aun así, consciente de que el suelo sobre el que se asienta su piso cada día cotiza más al alza, asegura haber contactado con una constructora privada interesada en demoler su edificio y construir viviendas nuevas de precio libre. "Como no sabemos qué va a suceder, es mejor que nos movamos por nuestra cuenta", afirma. "El problema" es que no ha conseguido llegar a un acuerdo con los otros 17 vecinos del bloque.

Jubilados e inmigrantes

Muchos de los propietarios son jubilados que no han conocido más paredes que las de su casa.

Las hermanas octogenarias María y Pilar gastan gran parte de su pensión en reparar los desperfectos que la humedad ocasiona en su piso de toda la vida. "Estamos pendientes del resultado de un sorteo de vivienda pública", susurra Pilar, "por si nos tenemos que ir". Ellas también sabían que el Ayuntamiento planeaba hacer algo con sus casas.

Quien no tenía ni idea era Manuel, un inquilino de 64 años que ve ahora una oportunidad "para dejar de vivir en una pocilga más propia de animales que de personas". Paga 120 euros al mes por un piso de 10 metros absolutamente deteriorado. Al no tener baño, no le queda otro remedio que hacer sus necesidades "en una caja".

Otro de los colectivos afectados es el de los inmigrantes. En una de las fincas viven cinco familias ecuatorianas. Javier tiene 28 años y es obrero: "La vida del inmigrante es nómada; si nos facilitan otro lugar digno donde vivir, nos iremos sin problemas", señala.