La Junta admite que no puede ejercer tutela sobre Marbella por falta de información

La Junta de Andalucía se ve impedida a ejercer de manera efectiva sus competencias de tutela sobre el Ayuntamiento de Marbella por falta de información, ya que éste incumple de manera sistemática su obligación legal de dar cuenta de sus acuerdos, según reconoce la Dirección General de la Administración Local. Por este motivo, la Junta ha puesto dos recursos contenciosos administrativos contra el consistorio que preside Marisol Yagüe. IU tachó ayer de "decepcionante" el informe de la Junta sobre la situación de Marbella al entender que es superfluo y no se pronuncia sobre la disolución.

El 4 de septiembre de 2003, la comisión de Coordinación, Régimen de las Administraciones Públicas y Justicia del Parlamento Andaluz aprobó por unanimidad una resolución en la que se instaba al Consejo de Gobierno a elaborar los informes económicos, jurídicos y urbanísticos que permitieran determinar si se dan los supuestos de disolución de la corporación marbellí y que garantizara, en el marco de sus competencias, el cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento, exigiendo a éste que revisara todos aquellos acuerdos que pudieran conculcar la legalidad vigente.

Aquel acuerdo institucional se adoptó tras la polémica moción de censura que el 14 de agosto de 2003 aupó a la alcaldía de Marbella a Marisol Yagüe, hasta entonces concejal del GIL, con el apoyo de parte de su propio grupo, tres concejales tránsfugas del PSOE y otros tantos del PA.

Ocho meses después de aquella resolución, el 21 de mayo pasado la Dirección General de Administración Local de la Junta elaboró un informe en el que admite las dificultades para ejercer la tutela y garantizar el cumplimiento de la legalidad en el consistorio ya que éste no cumple el deber de remitir información sobre sus actos y acuerdos, como obliga la Ley de Bases de Régimen Local. El informe recoge también que por este motivo la Junta ha interpuesto dos recursos contencioso-administrativo contra el consistorio. También señala que el pasado 3 de mayo el consejero de Gobernación, Gaspar Zarrías, dictó una orden para la interposición de otro recurso contra un acuerdo de la comisión de gobierno municipal de Marbella del pasado febrero por el que ratificó un convenio de permuta con la sociedad Turismo y Recreo Andaluz al entender que se usó de manera injustificada este sistema de intercambio.

Por lo demás, el informe, de cuatro folios, se limita a hacer una descripción de las competencias que tiene la administración autonómica de controlar la legalidad de los actos de las corporaciones locales, y recuerda que éstas están obligadas a remitir a la comunidad autónoma en el plazo de seis días todos aquellos acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno municipales.

Las comunidades autónomas a su vez disponen de 15 días para requerir a las administraciones locales cuando entienda que en sus decisiones hay vulneración del ordenamiento jurídico, y en su caso, pedir la anulación de los acuerdos o impugnarlos en los tribunales. En el caso de Andalucía, los acuerdos deben remitirse a la delegación del Gobierno de la Junta de cada provincia excepto en los en los asuntos relativos a tributos y sus ordenanzas reguladoras que se envian a la Inspección Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda.

Impugnaciones urbanísticas

El informe no hace mención alguna a las impugnaciones de licencias urbanísticas, cuando la Junta lleva ya recurridas más de dos centenares.

El contenido del informe ha sido muy criticado por IU, que ayer lo dio a conocer, pues según el diputado Antonio Romero, no responde al mandato que hizo el Parlamento. El parlamentario malagueño entiende que, de acuerdo con el acuerdo adoptado por unanimidad de los grupos parlamentarios, el informe debería ser "mucho más completo" y haber incluido cuestiones como la situación urbanística y las licencias otorgadas por el consistorio, el Plan General de Ordenación Urbana, el estado de las arcas municipales y los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Estado y de la Cámara de Cuentas de Anbdalucía, los procedimientos judiciales que afectan a miembros de la corporación municipal, y el funcionamiento de los juzgados.

El dictamen es "una burla intolerable y una chapuza institucional", se quejó Romero, que dijo que es un "informe hueco que podría haber hecho cualquier estudiante de derecho como un sencillo trabajo de facultad".

El diputado de IU dijo que el presidente de la Junta "tiene miedo a Marbella" y que obvia la situación política intolerable de la ciudad con su "desgana y desprecio vergonzoso".

IU, que desde la moción de censura se ha mostrado partidaria de disolver el Ayuntamiento de Marbella, ha anunciado que va a pedir la comparecencia en el Parlamento de Chaves y del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, para que den cuenta de las medidas tomadas por la Junta ante la situación política de "extrema gravedad" en Marbella.