Incoherencia

Son constantes las declaraciones de nuestros responsables educativos a favor de la enseñanza pública. No obstante, sus actuaciones políticas ya no son tan coherentes con lo que dicen. En los últimos años hemos asistido a una dejadez manifiesta por parte de los responsables educativos de la Comunidad de Madrid en su relación con los centros públicos. Quizá el dato más conocido por todo el mundo es la escolarización de los inmigrantes que ha sido absorbida en su mayoría por esos centros públicos, llegando en algunos casos a convertirlos en verdaderos guetos con un predominio de escolares inmigrantes.

Hay otro dato preocupante que ya no es tan conocido por la opinión pública. Me refiero a la progresiva precarización del profesorado de la enseñanza pública. El caso de mi centro es paradigmático y refleja lo que está ocurriendo. El IES Avenida de los Toreros es uno de los cinco centros públicos en el barrio de Salamanca, en el que los centros privados concertados son catorce. Cerca del 50% del alumnado de secundaria obligatoria de nuestro centro es inmigrante, sobre todo de Iberoamérica; ese porcentaje se reduce a un 20% en Bachillerato. En el Instituto trabajamos unos 65 profesores quienes, como es obvio, nos vemos obligados a una profunda renovación pedagógica y a redoblados esfuerzos para atender esa población con necesidades muy especiales.

Pues bien, la plantilla oficial del centro, según la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, la forman 38 personas. Eso significa que cada año, y así ocurre desde hace ya 5 años, vienen unos 30 profesores nuevos al centro que sólo están un curso escolar. Difícil, por no decir imposible, resulta trazar un plan coherente de trabajo y nos vemos obligados a la improvisación y al un derroche de voluntarismo por parte de todo el claustro de profesores.

Esto no es un hecho aislado, insisto. Es consecuencia de una política del Gobierno de la Comunidad que ha provocado la presencia de cerca de un 30% de precarios en la plantilla del profesorado: interinos, desplazados y profesorado en expectativa. Si Alicia Delibes, Directora General de Ordenación Académica, considera que la concertada privada funciona mejor que la pública y desea solucionar ese problema, puede empezar por su propio departamento y explicar a la opinión pública cómo es posible una política tan nefasta de provisión de plazas.