"Decidiré con autonomía, al margen del Gobierno y de las asociaciones"

A pocas semanas de su designación como fiscal general del Estado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido Tourón se comporta como un experimentado jurista que no se impresiona por las presiones corporativas y que tiene clara su voluntad de marcar distancias con la etapa de su antecesor, Jesús Cardenal.

Pregunta. ¿Qué problemas se encontró al llegar y abrir los cajones de la fiscalía?

Respuesta. La verdad es que los cajones los encontré vacíos...

P. Exce

pto el informe contrario a la inculpación de Atutxa, que rápidamente envió usted a la juez del País Vasco, ¿no?

R. Bueno, la verdad es que ese informe hubo que... buscarlo.

P. ¿Va a pedir el archivo del caso Atutxa?

"Ordenaré al fiscal de la Audiencia Nacional que colabore con la comisión del 11-M"

"Mi obligación es equilibrar los nombramientos de la carrera fiscal"

"La Constitución impone medidas, incluso penales, en favor de la mujer"

R. Mi criterio es que el fiscal general debe interferir lo menos posible en las decisiones profesionales de cada uno de los fiscales. De momento no he tomado ninguna decisión sobre esa materia y estoy a la espera de que el fiscal correspondiente me informe.

P. Tras sus primeros nombramientos, el PP le ha acusado de "ocupar la justicia", y la conservadora Asociación de Fiscales, de "nepotismo"...

R. He ejercido las facultades que me concede la ley. En todo caso, pienso nombrar siempre a la persona más idónea para el cargo y no a la que tenga más apoyos asociativos.

P. O sea, que se va a seguir la tradición. No se va a hacer caso a los criterios profesionales.

R. Vamos a ver. La tradición era la coincidencia de la asociación conservadora con la orientación del anterior fiscal general del Estado. Esa línea ha significado que prácticamente la mitad de los profesionales de la justicia quedasen excluidos de la dirección del ministerio fiscal. Mi obligación es equilibrar una carrera que se había escorado en una determinada dirección. Para eso haré como en esta ocasión, que, de 12 nombramientos, nueve se han hecho según el criterio mayoritario, mientras que para nombrar a algún miembro de la asociación progresista o algún independiente ha habido que separarse del criterio de la asociación conservadora.

P. ¿Cuál venía siendo la relación de fuerzas?

R. En la renovación de los tribunales superiores de justicia, de las 10 fiscalías que se cubrieron, al menos la mitad se otorgaron a la asociación conservadora de fiscales y ninguna a la asociación progresista. Solamente en un supuesto se hizo una propuesta por parte del Consejo Fiscal a favor de un fiscal de la asociación progresista, y el ministro [José María Michavila] no le nombró. Hay otros casos conocidos de fiscales propuestos y que, sin embargo, fueron censurados por el ministerio y no fueron nombrados. Yo lo que puedo decir es que en el futuro trataré de ceñirme siempre a los criterios de profesionalidad y de equilibrio, porque una sociedad pluralista debe tener también una representación en el ministerio fiscal que sea también pluralista.

P. Entre este año y el que viene se jubila media docena de fiscales de sala del Tribunal Supremo. ¿Los va a poder sustituir por fiscales progresistas después de la que le han montado por nombrar a uno sólo, Mariano Fernández Bermejo?

R. En 30 años como magistrado nunca me he dejado influir por presiones políticas ni mediáticas, y tampoco me he dejado influir por presiones asociativas. Ahora también seguiré ese criterio. Nombraré en cada caso al profesional más idóneo y al más acorde con el puesto que se va a cubrir. Tendré en cuenta a aquellas personas que tengan un apoyo significativo del ministerio fiscal y, como he hecho en este caso, motivaré las decisiones y las haré públicas en el propio acto del consejo.

P. ¿Va a facilitar la fiscalía de la Audiencia Nacional la información que le solicite la comisión parlamentaria de investigación sobre el 11-M?

R. Ordenaré al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que sea lo más respetuoso posible con la investigación y que, dentro de los límites que permitan las estrictas necesidades de salvaguardia del secreto del sumario, facilite al máximo la documentación que necesite la comisión parlamentaria sobre el 11-M. Habrá que examinar documento por documento. Pero el criterio genérico va a ser de cooperación con la comisión de investigación.

P. ¿Cree que la mejor forma de acabar con el terrorismo es la vía penal?

R. Contra el terrorismo es absolutamente indispensable la vía penal. Es un tipo de delincuencia contra la que no se concibe otra respuesta que la vía penal. Naturalmente, puede haber determinadas causas sobre las que se puede incidir políticamente, pero eso nunca dejará de hacer necesaria la vía penal.

P. Usted ha ordenado que varios fiscales se especialicen en terrorismo islamista, pero, entretanto, ¿qué se puede hacer con los 300 islamistas peligrosos que hay en España?

R. En la medida en la que podamos determinar en la investigación policial que efectivamente esas personas están implicadas en alguna red terrorista, será necesario actuar contra ellas. Pero siempre también respetando los criterios generales del Estado de derecho, que no permiten establecer culpabilidades si no existen pruebas suficientes para deducirlas.

P. ¿Y una expulsión cautelar de los que la policía considera extremadamente peligrosos?

R. La ley contempla la posibilidad de que se deniegue la estancia en España a aquellas personas a las que se considere que puedan ser un peligro para el orden público. Es una decisión que tendrá que adoptarse políticamente, partiendo de la existencia de bases suficientes para tomar esa decisión.

P. ¿Es partidario de la aproximación de los presos a sus localidades de origen?

R. Es una decisión de carácter político en la que yo no me pronuncio. Hay que ser consciente de que la dispersión de presos se adoptó en el marco de un modelo concreto de lucha contra el terrorismo, de contenido político.

P. Como magistrado del Tribunal Supremo usted se mostró contrario a entregar la instrucción del proceso penal a los fiscales. ¿Ahora lo ve de forma diferente?

R. Yo siempre he pensado que no se trata de cambiar el juez de instrucción por el fiscal de instrucción. Se trata de hacer un nuevo modelo de instrucción. No hay que cambiar el órgano, sino la instrucción misma. Hay que redistribuir los papeles que en este momento tienen el juez y el fiscal. El fiscal debe impulsar la investigación sin convertirse él en instructor, y el juez debe tutelar las garantías convirtiéndose en juez de libertades o de garantías, pero no debe llevar él la iniciativa de la instrucción.

P. ¿Se puede compaginar la obediencia al superior jerárquico con la necesaria libertad de los fiscales para dirigir una investigación, incluso contra personas próximas al poder político?

R. Se trata de uno de los problemas más graves en cuanto al cambio de modelo de instrucción. Creo que en la propuesta en la que el fiscal lleva la iniciativa, pero sigue existiendo un juez de garantías que hace de árbitro de la instrucción, este problema desaparece. En España tenemos la acción popular y la acusación particular y, por lo tanto, siempre se garantiza que pueda haber un impulso de la investigación que no sea necesariamente el del fiscal.

P. ¿Debe continuar el sistema de que el fiscal general autorice las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción?

R. Lo más importante no son las normas, sino las prácticas. Yo he adoptado un criterio en sentido favorable a las propuestas que me haga la Fiscalía Anticorrupción. En todos los casos en que Anticorrupción ha entendido que debía asumir una investigación, así he acordado. Es verdad que en un sistema de unidad de acción y dependencia jerárquica alguien tiene que tomar las decisiones. Por tanto, la decisión última es del fiscal general, pero siempre acogiendo las propuestas de la Fiscalía Anticorrupción.

P. ¿Está justificado que las diligencias de investigación del fiscal puedan ser declaradas secretas por el propio fiscal como pretende Anticorrupción?

R. Las diligencias de investigación del fiscal deberían poder declararse secretas en los mismos casos en que se declaran secretas las diligencias sumariales. En nuestro ordenamiento esa decisión, en la medida en que afecta a derechos fundamentales, la puede adoptar el propio fiscal o la debería adoptar el juez. Quizá sería el estreno del juez de garantías, un modelo en el que el juez decidiese el secreto a propuesta del fiscal, continuando las diligencias de investigación por parte del fiscal. Pero es absolutamente necesario que determinadas diligencias de investigación se puedan declarar secretas.

P. ¿Cree posible y conveniente la discriminación o la acción positiva a favor de la mujer en el ámbito penal?

R. Sí. Creo que nuestra Constitución no sólo permite la acción positiva en favor de las personas que estén en una situación desfavorecida, sino que la impone. No es que sea posible, es que es obligada, porque el artículo 9.2 de la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de remover los obstáculos que hagan efectiva la igualdad; establece un principio de igualdad promocional por el cual los poderes públicos no pueden quedarse en una concepción decimonónica de igualdad formal, sino que tienen que actuar para eliminar las situaciones de desigualdad. Esa medida es absolutamente constitucional, y además, necesaria.

P. ¿Y en qué quedan los principios del derecho penal de generalidad e igualdad en la respuesta punitiva del Estado?

R. Si somos absolutamente sinceros, tenemos que apreciar que ese tipo de críticas en estos momentos está muy condicionado por una perspectiva política. El Código Penal ya establece agravaciones en función de las características de las víctimas. Existe una agravante en el Código Penal para los delitos que tienen como víctimas a las personas discriminadas por su raza, religión o condición. Por tanto, determinados autores son sancionados más gravemente por cometer determinados delitos en función de la condición de las víctimas. Y esas normas establecidas en el Código Penal han sido consideradas por todos los autores como perfectamente constitucionales.

P. La modificación de penas y de delitos en función de quién los comete y quién es la víctima parece un poco fuerte...

R. Con un carácter de generalidad, que el derecho sancione con mayor gravedad los ataques a las víctimas más desprotegidas no solamente no es contrario a los principios generales, sino que, al revés, responde a los principios del nuevo derecho penal, en el que se pretende precisamente que constituya un instrumento de salvaguarda de las víctimas más desfavorecidas. Y en la medida en la que hay que salvaguardar más a los más desfavorecidos, hay que sancionar más a los que ataquen a ese tipo de víctimas.

P. ¿Los menores que hayan cometido crímenes brutales deben pasar a una prisión ordinaria cuando cumplan 18 años?

R. La Ley Penal del Menor significó un avance importante y debe ser mantenida en sus líneas fundamentales. No voy a proponer reformas en la legislación del menor. Debe dejarse que esa ley desarrolle toda su eficacia. Ya prevé un periodo suficientemente prolongado de internamiento, que puede llegar hasta 10 años.

P. ¿Va a ser receptivo cuando el Gobierno excite el celo del fiscal general?

R. El Gobierno ha acudido al ministerio fiscal haciendo uso de los mecanismos que establece el Estatuto. Cuando el Gobierno instó al fiscal para que considerase la lucha contra la violencia doméstica como una prioridad, se dirigió públicamente al fiscal general del Estado, quien reunió a la Junta de Fiscales de Sala y contestó al Gobierno que la petición era perfectamente razonable. El fiscal ha dictado una instrucción a todos los fiscales de España para que efectivamente se considere la violencia doméstica como una prioridad, se interese la suspensión de la guarda y custodia de los menores por parte del maltratador y se acuerde la detención de las personas que incumplan la orden de alejamiento. No habrá en ningún caso otro tipo de excitación del celo del fiscal que no se haga de acuerdo con estos criterios estrictamente legales.

P. ¿Seguro que no tomará decisiones a impulso de una sugerencia telefónica del Gobierno?

R. En absoluto. Llevo 30 años como magistrado y me he acostumbrado a tomar mis decisiones con absoluta autonomía. Me siento como un magistrado del ministerio público, un magistrado que temporalmente está ocupando la dirección del ministerio fiscal. Es para mí muy difícil liberarme de ese sistema de funcionamiento. Sigo adoptando las decisiones de acuerdo con el procedimiento judicial: oír a una parte, oír a la otra, practicar prueba y después tomar mis decisiones. Nunca he dictado una sentencia contando el número de abogados que hay en cada parte, sino valorando sus argumentos. Y no voy a contar tampoco los apoyos asociativos para hacer un nombramiento, sino que voy a valorar los argumentos y luego a decidir como un juez imparcial.

P. ¿Qué más novedades ha traído usted al ministerio fiscal?

R. Entre otras, se ha cambiado el criterio en materia de justicia universal. He ordenado que el fiscal apoye el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional para que España juzgue el genocidio maya de Guatemala, y también he ordenado que se retire el recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Nacional de celebrar el juicio contra Adolfo Scilingo, implicado en un caso de genocidio en Argentina.

P. ¿Cómo se va a abordar el problema de la siniestralidad laboral, poco atendido tradicionalmente?

R. Estamos preparando una instrucción específica, y para que sea efectiva voy a promover en todas las fiscalías el modelo de la de Barcelona, en donde existe la mejor sección de siniestralidad laboral de España, que actúa en coordinación con la Inspección de Trabajo de Cataluña y con los servicios de seguridad e higiene.