Los dos generales que firmaron las repatriaciones serán destituidos

El ministerio de Defensa separa el relevo de la cúpula militar, por razones de confianza política, de la depuración de responsabilidades por el Yak-42. Éstas se limitan, según fuentes del departamento, a los dos militares que firmaron la identificación de los cadáveres: el general de división de Sanidad Vicente Carlos Navarro Ruiz y el teniente general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán Doña.

Navarro es jefe de la División Logístico-Operativa de la Inspección General de Sanidad del ministerio, con rango de subdirector general; Beltrán está destinado en el Centro para la Democratización de las Fuerzas Armadas, organismo internacional con sede en Ginebra (Suiza).

Los destinos de los generales son de libre designación, por lo que pueden ser destituidos en cualquier momento. Además, el Gobierno puede ordenar por decreto su pase a la reserva. Estas medidas no tienen carácter estrictamente disciplinario, por lo que no requieren la instrucción de un expediente ni tampoco pueden ser recurridas.

Los dos generales firmaron el 28 de mayo de 2003 un acta en la que reconocían que, de los 62 militares españoles fallecidos, habían logrado determinar la identidad de 32 basándose "en factores identificativos como sus objetos personales, su graduación militar, sus chapas de identidad, sus pasaportes, su documentación militar y sus nombres sobre sus uniformes".

"No sabemos nombres"

"Además", agregaban, "hemos identificado y determinado que los cadáveres [contenidos en otras 30 bolsas numeradas] son ciudadanos españoles, nuestros soldados, aunque no sabemos sus nombres [y] solicitamos que nos sean entregados [y] garantizamos que realizaremos todos los trámites necesarios para la entrega a sus familias y asumimos la responsabilidad de estos cadáveres una vez que nos sean entregados".

Seis horas después, despegaba de Trabzon el último de los tres aviones Hércules utilizados para repatriar los cadáveres. Previamente, habían sido introducidos en cajas de zinc herméticamente cerradas. Un equipo de la Guardia Civil, preparado para realizar pruebas de ADN, que estaba listo para viajar a Turquía fue desactivado porque, según el Ministerio de Defensa, la identificación había sido fácil y no se necesitaba su ayuda.

A los familiares no se les permitió abrir los féretros. Tampoco se les entregaron los objetos personales que supuestamente habían sido utilizados para identificar a sus parientes, con el argumento de que el juez turco había ordenado que se introdujeran en los ataúdes y fueran enterrados con ellos.