La protección social en Europa y en España

El porcentaje destinado a protección social en los países de la UE tradicionalmente más protectores ha disminuido en los últimos años, en los que han ido reduciendo distancias con la media europea (el 2001 era del 27,5% del PIB). En los próximos años es probable que esta tendencia continúe. Ahora bien, de entre los 15 Estados miembros antes de la ampliación, España formaba parte de los habituales ocupantes del furgón de cola, situación que en los últimos años todavía ha empeorado en términos relativos (en España dedicamos en 2001 sólo el 20,1% del PIB), mientras que Portugal, Grecia e Irlanda, partiendo de posiciones peores, han realizado evidentes esfuerzos de mejora.

De ello se deduce que el Estado español debería hacer en los próximos años un gran esfuerzo para aumentar sus gastos en protección social a fin de acercarse a la media europea y así salir del vergonzoso penúltimo lugar que ocupa en el ranking. Los grandes déficit del sistema de protección español los constituyen la falta de ayudas a las familias y de atención a las personas dependientes, en las que estamos sólo en los balbuceos; esto, junto con la actualización de pensiones mínimas -en especial las de viudedad- y el acceso a la vivienda, debería convertirse en prioridad de las políticas sociales.

Podría argumentarse la aparente contradicción de aumentar las coberturas en España cuando en los países más socialmente avanzados las van reduciendo a causa de las dificultades que registran sus economías y sus sistemas de previsión social. Pero este razonamiento soslayaría que estos países han alcanzado ya unos niveles de protección muy elevados. Ello no es óbice para reconocer que en algunos de sus capítulos protectores hay coberturas que se han manifestado poco eficientes, propiciadoras del gasto superfluo o del fraude, o por imprimirles un cariz de política exclusivamente pasiva. Por tanto es lógico que hagan sus correcciones para continuar haciendo simultáneamente viables sus sistemas económico y de previsión. Pero parten de una posición por encima de la media europea y, aunque reduzcan distancias, continúan manteniendo notables índices de cobertura, que han de hacer compatibles con los retos de la globalización. Al contrario, en España, como partimos de muy por debajo de la media, deberíamos aumentar nuestra acción protectora tendiendo no ya a un nivel de los más altos, pero sí al menos hacia unos estándares medios de los que estamos muy alejados. Todo ello no ha de poner en peligro nuestra aspiración a un sistema de previsión modernizado que haga de la nuestra una sociedad más justa y equilibrada. La adecuada conjunción de medidas de mejora y racionalización de nuestro sistema de bienestar, con la imprescindible mejora de nuestro bagaje tecnológico, productividad y competitividad, o sea, de todo nuestro sistema productivo, han de hacer posible el objetivo.

Las anteriores consideraciones se basan en el informe de Eurostat sobre la evolución de la protección social en Europa entre 1992 y 2001, del que destacamos los siguientes aspectos:

En el quinquenio 1996-2001, los cuatro países con mayor nivel de protección social han disminuido su cuota respecto al PIB: Suecia (-2,6 puntos), Dinamarca (-1,9), Francia (-1), Alemania (-0,1). Si contemplamos el conjunto del decenio 1992-2001, disminuyeron Suecia (- 5,8) y Dinamarca (-0,8); en cambio, Francia aumentó 0,7 y Alemania 2,2, aunque a este último aumento no le es ajena la reunificación con Alemania del Este en 1989 y la consiguiente entrada en el sistema de previsión de millones de nuevos ciudadanos.

En el grupo de los más rezagados en 1992, Portugal, Irlanda, Grecia y España por este orden, ha habido modificaciones significativas. España ha retrocedido en el decenio del 12º al 14º puesto, seguida por Irlanda, que pasó del 14º al 15º, y Grecia ha abandonado el grupo y se ha situado ya en la media europea. Grecia y Portugal han hecho un notable esfuerzo al aumentar su porcentaje de participación en 6 y 5,5 puntos. En cambio, Irlanda y España lo han disminuido en 5,7 y 2,3 puntos respectivamente. Esta pérdida de posición de Irlanda la debemos relativizar si tenemos en cuenta que ha registrado un extraordinario desarrollo económico, que en pocos años la ha llevado del último lugar en renta per cápita a la quinta posición, fenómeno que en este caso hay que atribuir a haber conseguido alcanzar un crecimiento muy elevado y sostenido de su PIB. Añádase a ello la circunstancia favorable de que la población de Irlanda hoy todavía es joven. Finalmente, mientras que la tasa media de crecimiento de los gastos de protección social en España en el decenio ha sido sólo del 1,7% (por debajo de la media europea, del 1,9%), la de nuestros compañeros en la cola la ha triplicado o más.

Hay otro parámetro significativo, la protección social por habitante, expresada en moneda estándar de poder de compra. En este ranking España ocupa el penúltimo puesto -ex aequo con Irlanda-, con un gasto del 60% de la media comunitaria, sólo por delante de Portugal, mientras que Grecia ya nos ha superado.

Otro capítulo de reflexión lo constituye el diferente reparto porcentual del total de los recursos destinados a protección social, entre los distintos grupos de aplicaciones. Somos los últimos en ayudas a la familia (2,6%) sobre una media europea del 8%, y en cambio somos los primeros en subsidios de paro (12,9%), doblando el 6,2% europeo. Asimismo estamos en el pelotón de los torpes en vivienda y exclusión social.

Para concluir: creo que en el objetivo de avanzar hacia los estándares medios europeos deberían coincidir y trabajar juntos tanto las organizaciones que se mueven bajo una inspiración socialdemócrata como las de inspiración socialcristiana, ideologías que tan eficazmente colaboraron en la creación y el desarrollo de los sistemas de protección social y estados de bienestar característicos de la Europa del siglo pasado.

Ignasi Farreres es presidente de la Associació de Polítiques Socials s. XXI y ex consejero de Trabajo de la Generalitat.