Suiza impone un retraso en la armonización fiscal del ahorro

La Unión Europea retrasará medio año, hasta el 1 de julio de 2005, la aplicación de la directiva sobre la fiscalidad en el ahorro de no residentes después de que las autoridades helvéticas comunicaran su incapacidad de ponerla en práctica el 1 de enero. El retraso no despeja la incertidumbre sobre la medida, que podría ser rechazada en referéndum.

La directiva pretende controlar la evasión fiscal de los ciudadanos de la UE con fondos depositados en cuentas de otros países. El acuerdo, alcanzado hace dos años para la UE, se extendió en mayo a Suiza, dentro de un paquete más amplio de colaboración entre la Confederación Helvética y los Veintincinco. Suiza seguiría manteniendo en secreto la identidad de los ahorradores, pero a partir del próximo 1 de enero se comprometía a aplicar retenciones progresivas a los intereses de sus cuentas (15% en 2006, 20% en 2011 y 35% a partir de entonces) y remitir las cantidades a sus países de residencia. Tres países de la UE con opacidad fiscal (Austria, Bélgica y Luxemburgo) supeditaron la transparencia que les exigía la directiva a que también afectara a Suiza.

Las autoridades de Berna alegan ahora que, por cuestiones procedimentales, no están en condiciones de respetar el plazo del 1 de enero de 2005 y el Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin) de la UE decidirá el próximo mes retrasar la aplicación de la directiva hasta el 1 de julio de 2005. Aun así no hay garantías de que llegue a entrar en vigor. El Parlamento suizo podría aprobar individualmente o en su conjunto el paquete de nueve acuerdos bilaterales UE-Suiza suscrito en mayo, pero 50.000 firmas ciudadanas bastan para solicitar la celebración de un referéndum que la Comisión reconoce podría dar la victoria al "no" en lo relativo a la fiscalidad. En tal caso, no habrá directiva y todo el plan debería renegociarse de nuevo.

Los restantes acuerdos contemplan, entre otros asuntos, la participación de Suiza en el espacio de Schengen, su apertura a los trabajadores de los países de la ampliación y su contribución con 130 millones de euros anuales al fondo de cohesión que la UE concede para el desarrollo de los países miembros.