Los vecinos critican su exclusión en la aplicación de la ley de modernización

La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) no está de acuerdo con el modo en que los ayuntamientos de Córdoba y Málaga se adaptan a la Ley de Modernización de Gobiernos Locales en un aspecto esencial para el movimiento vecinal, la creación del Consejo Social, órgano que sustituirá al Consejo Económico y Social. El presidente de este colectivo, Antonio Viruez, acusó a los gobiernos municipales de estas ciudades de apartar al movimiento que representa de estos órganos.

El 30 de junio es el plazo para que se apruebe la composición de los nuevos órganos que prevé la conocida como ley de grandes ciudades. Antonio Viruez criticó el "oscurantismo" con el que las mencionadas corporaciones locales están abarcando el tema del Consejo Social. Viruez reconoció que nada sabe de los pasos que se están dando en Sevilla, Huelva y Granada.

Lo que hasta ahora conocen los vecinos es "gracias a una labor de espionaje", señaló el presidente de la CAVA. Según Viruez, el Ayuntamiento de Córdoba baraja una propuesta de Consejo Social con 24 miembros: la mitad de ellos empresarios y sindicalistas; tres representantes de colegios profesionales; tres de los vecinos y los tres últimos, de sectores como la economía social, la cajas de ahorros o la universidad.

Viruez recordó que la nueva ley establece que el Consejo Social estará representado al 33% por los sectores económico, social, profesional y vecinal. Tampoco consideró óptimo el reglamento de Málaga, que prevé un órgano con 50 miembros lo que, en opinión de Viruez, imposibilita su operatividad. Los vecinos no descartan tanto desistir de su participación en estos órganos como llevar a los tribunales a las corporaciones que no cumplan con tal precepto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 23 de junio de 2004.

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