Las universidades remiten al Consell una propuesta financiera común

La presidencia de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV), que en este momento recae en el rector Francisco Tomás de la Universitat de València, firmó ayer el "acuerdo" sobre financiación alcanzado el viernes por los respectivos equipos económicos de las cinco universidades del sistema público (SUP) , en el que se plantea a la Generalitat una "prórroga" actualizada del Plan Plurianual de Financiación 1999-2003 para los próximos tres ejercicios presupuestarios, que recoge las "singularidades" de cada universidad que el modelo no recogía e incluye un plan de inversiones para infraestructuras por 190 millones de euros en tres años, asumible en principio por los técnicos de la Administración.

El documento -que fue remitido ayer mismo a la Consejería de Educación por el vicerrector económico de la Politécnica de Valencia, Javier Sanz- se mantiene dentro de las directrices fijadas por el Consell de alcanzar un gasto universitario del 1,1% del PIB en 2006, pero rechaza de plano todos los cambios introducidos por la Dirección de Universidades en mayo, "en espera de la prometida Ley Valenciana de Universidades" que el presidente Francisco Camps se comprometió a elaborar esta legislatura.

El texto firmado por los cinco vicerrectores y gerentes del SUP -remitido bajo el epígrafe de Propuesta de consenso del SUP para desarrollar la prórroga del PPF 1999/2003 durante los ejercicios 2004, 2005, 2006- se mantiene en el actual sistema de cálculo de reparto y redistribución, pero actualiza al alza capítulos como, por ejemplo, la "Subvención por el coste derivado de la aplicación de nuevas normativas estatales y autonómicas", eliminando la discrecionalidad sobre algunas universidades, que dejaba prácticamente fuera del reparto a algunas universidades.

De manera que se propone un cálculo más realista del coste que supondrán los nuevos contratos laborales en materia de Seguridad Social sobrevenidos con la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU), garantizándose en paralelo el incremento gradual -pero acorde a cada universidad- de la financiación de la plantilla de funcionarios docentes consolidada (lo que incluye tramos de investigación, antigüedad, más los tramos autonómicos para determinados cuerpos). Esta fórmula resuelve las diferencias de estructura y plantilla tan agudizadas entre universidades pequeñas y grandes, pero sobre todo, asume dentro del PPF el coste completo de la plantilla de la Universitat, que es la mayor y de mayor trayectoria por razones obvias de antigüedad de la institución.

"En esta propuesta de prórroga del PPF es el sistema universitario público quien asume como propios determinados costes que recaían sobre la Universitat", resume un negociador. De hecho, el texto remitido al Consell incluye un apartado de reconocimiento y de "apoyo a la Universitat" para que tal y como propuso la Generalitat ayude a soportar la carga fnanciera derivada del patrimonio histórico que tiene, y mantenga su oferta de contribuir con 3 millones, al margen del PPF.