El Gobierno unifica el área de Comunicación, que dirigirá Marín, y acaba con la pugna entre PSC y ERC

El esquema de contrapesos entre el PSC y ERC, o lo que es lo mismo, entre Pasqual Maragall y Josep Lluís Carod, puesto en pie desde el nacimiento del Gobierno actual para controlar el área de Comunicación de la Generalitat es ya una historia del pasado. El conseller en cap, Josep Bargalló, anunció ayer que las cuatro direcciones generales que se ocupan de esta función dependerán de la Secretaría de Comunicación, cuyo titular es Enric Marín. Deja de haber, pues, un director general dependiente del portavoz, Joaquim Nadal; uno de Bargalló, y otro del presidente Maragall.

El control del área de Comunicación de la Generalitat fue objeto de la más áspera disputa entre el PSC y ERC a la hora de negociar la formación del Gobierno. La solución adoptada entonces, hace sólo medio año, reflejaba la desconfianza y la rivalidad entre los dos partidos, y en particular entre sus respectivos líderes, que tenían ya un ojo puesto en las siguientes elecciones autonómicas. La Secretaría de Comunicación del Gobierno catalán quedó en manos de Carod, que colocó en ella a un hombre de su confianza política, Miquel Sellarès. Pero Maragall se quedó con la Dirección General de Difusión, en la que nombró a uno de los fontaneros del PSC en manteria de prensa y comunicación, Jordi Mercader. Y además el portavoz del Gobierno pasó a ser un socialista, Joaquim Nadal, que sumaba esta responsabilidad a la de consejero de Política Territorial, y contaba con su propio aparato de prensa.

La gestión de Sellarès fue muy pronto considerada un fracaso, ya antes de que tuviera que hacer frente a la acusación de ser autor de un informe sobre los medios de comunicación públicos y privados en el que se defendía una política de control e intervencionismo. Las dimisiones de Carod, primero, y de Sellarès después han permitido al actual conseller en cap, Josep Bargalló, "racionalizar" la estructura comunicativa del Gobierno, en un momento en el que éste ha avanzado en su cohesión y el fantasma de la rivalidad entre Maragall y Carod se ha desplazado fuera del Ejecutivo.

En una comparecencia ante la correspondiente comisión del Parlament, Bargalló explicó el nuevo organigrama. Del secretario de Comunicación, Enric Marín, dependerán cuatro direcciones generales: la de Medios, Industrias y Tecnologías Audiovisuales, cuyo titular será Santiago Ramentol; la de Difusión Corporativa, cuyo titular será Jordi Mercader; la de Oficina de Prensa del Gobierno, todavía sin titular; y la de Planificación Estratégica, de la que será titular Jordi Fortuny, que hasta ahora era director de la Oficina de Prensa.

Bargalló insistió en su comparecencia en que la política del Gobierno catalán consistirá en "fortalecer los medios públicos y no intervenir en los privados". Explicó que pretende lograr que a fin de año se hayan aprobado una ley del audiovisual de Cataluña que ordene el sector, de la que dijo que tiene ya un borrador, y una nueva ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) que modernice su gestión y garantice su independencia del Gobierno.

También anunció que, visto el "fracaso" del vigente contrato programa entre la Generalitat y la CCRTV, el Gobierno ha decidido elaborar uno nuevo para 2005. El actual, dijo, no ha servido para reducir la enorme deuda de la CCRTV y, en cambio, preveía una disminución de las aportaciones de la Generalitat a su presupuesto. Si estas reducciones se llevaran a cabo, afirmó, se dejaría a TV-3 en muy mala situación para competir por el liderazgo.

El diputado de CiU Felip Puig afeó al Gobierno que haya tenido que afrontar una cuarta reestructuración en seis meses y afirmó que eso es prueba de su debilidad y del constante juego de equilibrios entre los tres partidos que lo componen. No obstante, se declaró dispuesto a llegar a acuerdos en la elaboración de las leyes del audiovisual y de la CCRTV.

Para responder a las críticas de que no ha habido cambio en el área de Comunicación respecto a la etapa de CiU, Bargalló puso un ejemplo. El último Gobierno de CiU desvió 54 millones de euros del Departamento de Enseñanza y 17 millones del de Universidades al de Presidencia para dedicarlos a publicidad y propaganda.