El PP se ha opuesto a las iniciativas legislativas populares que ahora impulsa en defensa del trasvase

El Consell anunció el pasado sábado en Alicante que impulsará una iniciativa legislativa popular (ILP) para reclamar el trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. La ILP, un mecanismo pensado para que personas y entidades cívicas puedan presentar iniciativas legislativas al margen de los grupos parlamentarios, requiere de 500.000 firmas de electores comprobadas por la Junta Electoral para lograr su tramitación en el Congreso de los Diputados. El entusiasmo del PP por esta fórmula de participación ciudadana contrasta con el rechazo sistemático a todas las ILP presentadas en la anterior legislatura, tanto en el Congreso de los Diputados como en Cortes Valencianas.

La ILP de Per l'Horta fue rechazada sin debate en la Cámara sobre su contenido

El actual consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acompañado del titular de Industria, Miguel Peralta, anunció el pasado sábado en Alicante la voluntad el Consell y de los municipios y diputaciones gobernados por el PP de impulsar la recogida de firmas para presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en defensa del trasvase del Ebro. La decisión adoptada por el Consell tiene como objetivo "reponer" un debate sobre la derogación del trasvase del Ebro que el Gobierno socialista ha "hurtado" a la opinión pública.

García Antón es el mismo que, como consejero de Obras Públicas de Eduardo Zaplana, justificó en octubre de 2001 el rechazo del Consell a la ILP presentada en las Cortes Valencianas en defensa de la huerta. El ya consejero aseguró que el Gobierno valenciano rechazaba la proposición de ley avalada por casi 118.000 ciudadanos -en el Parlamento autonómico el requisito es de 50.000 firmas cotejadas del censo electoral- por considerar que el proyecto de ley de Ordenación del Territorio que se estaba preparando iba en la misma dirección que la ILP presentada. Tres años después, la ley anunciada entonces está a punto de aprobarse en las Cortes Valencianas, pero la ILP presentada por la plataforma cívica Per l'Horta fue rechazada entonces sin que hubiese debate en la Cámara sobre su contenido.

La oposición del PP a las iniciativas legislativas populares no se ha producido sólo en el Parlamento valenciano, sino que también se ha visualizado en la anterior legislatura en el Congreso de los Diputados, donde ahora los populares quieren recoger firmas para presentar una proposición de ley que podrían tramitar como grupo parlamentario.

En la VII legislatura, en la que el PP dispuso de una abultada mayoría absoluta, el grupo parlamentario que apoyaba al Ejecutivo de José María Aznar rechazó las ILP presentadas en el Congreso. De las 13 iniciativas registradas, sólo cuatro lograron las 500.000 firmas necesarias. Dos de ellas fueron presentadas por el sindicato Comisiones Obreras para pedir el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios (rechazada en octubre de 2001) y endurecer las subcontrataciones en el sector de la construcción para frenar la siniestralidad laboral (rechazada en abril de 2000). Una tercera presentada por el Colegio de Farmacéuticos de Valencia sobre principios básicos de ordenación del medicamento también se rechazó. Y la cuarta, presentada por UGT, destinada a mejorar la estabilidad en el empleo y reducir la siniestralidad, también fue rechazada. Esta última logró el apoyo en diciembre de 2001 de todos los grupos de la oposición en las Cortes, excepto el PP, que se negó a apoyarla porque tenía "pretensiones políticas". En la primera legislatura de Aznar, el PP ya rechazó, con el apoyo de CiU y PNV otras ILP como la de la confederación de padres de alumnos que pedía la gratuidad de los libros de texto.

Ayer, el portavoz parlamentario de EU, Joan Ribó, y el secretario de Innovación del PSPV, José Ignacio Pastor, lamentaron que el PP recurra ahora a una fórmula que ha rechazado sistemáticamente.

Mientras, la Asociación Nacional de Empresarios y Trabajadores Autónomos anunció ayer que se suma a la recogida de firmas propuesta por el Consell y criticó las desaladoras. La patronal textil Ateval también criticó la derogación del trasvase del Ebro. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela, insistió en que la alternativa del PSOE al trasvase no es razonable.