El 'sheriff' sin ley

En mis comentarios periodísticos suelo limitarme a mi área de especialización, la economía. Pero como estadounidense, estoy tan horrorizado por lo que ha sucedido en mi país -y por lo que mi país ha hecho a otros a lo largo de los dos últimos años- que me siento en la obligación de decir lo que pienso. Creo que las violaciones estadounidenses de los derechos humanos y de los cánones de los pueblos civilizados que han salido a la luz en Irak, Afganistán y la bahía de Guantánamo, y las violaciones aún más horrendas que casi con toda seguridad saldrán a la luz más adelante, no son meramente los actos de unos individuos aberrantes. Son la consecuencia de una Administración de Bush que ha atropellado los derechos humanos y el derecho internacional, acuerdos de Ginebra incluidos, y que ha intentado socavar las protecciones democráticas básicas desde el momento mismo en que asumió el poder.

Tristemente, la tortura y otras atrocidades son cosas que pasan en la guerra -y ciertamente la guerra de Irak no es la única vez en que se ha utilizado la tortura-, pero creo que la Administración de Bush es responsable de la creación de un clima de menosprecio hacia el derecho internacional y los procesos democráticos. Cuando el vicepresidente Dick Cheney habló en el último Fórum Económico Mundial de Davos, Suiza, le preguntaron cómo podía justificar la Administración lo que estaba teniendo lugar en la bahía de Guantánamo, donde se retiene a prisioneros sin cargos y sin asesoramiento legal. La respuesta de Cheney fue chocante: dijo que, dado que los prisioneros habían sido capturados en Afganistán, donde habían intentado matar a soldados estadounidenses, no eran aplicables las normas relativas a los prisioneros de guerra.

Sus comentarios escandalizaron a muchos de los que estaban entre el público, pero Cheney no pareció caer en la cuenta de lo horrorizada que estaba su audiencia. El motivo de su preocupación no eran los legalismos, acerca de si los acuerdos de Ginebra eran o no aplicables. Estaban preocupados por los cánones básicos de los derechos humanos. Entre los más horrorizados estaban aquellos que han luchado recientemente para alcanzar la democracia y seguían batallando en pro de los derechos humanos.

La Administración de Bush también ha atropellado el derecho básico de los ciudadanos a saber qué hace su Gobierno, negándose, por ejemplo, a revelar quién estaba en el grupo de trabajo que establecía su política energética, aunque realmente no hacía falta esta información para ver que estaba configurada por la industria del petróleo y para la industria del petróleo. Cuando se producen violaciones en un área, se pueden extender con rapidez a otras áreas. La Administración de Bush ocultó durante varias semanas al pueblo estadounidense el informe sobre los malos tratos a los prisioneros iraquíes y presionó a la CBS para que no emitiera las fotografías que se encontraban en su poder. Del mismo modo, sólo a través del uso de la Ley de Libertad de Información se pudieron hacer públicas finalmente las dramáticas fotografías de los féretros de los soldados estadounidenses que volvían a casa.

Los medios de comunicación estadounidenses no han salido indemnes. ¿Por qué se negó la CBS a emitir una información que era de importancia vital para el público? El tema de los malos tratos tenía que haberse cubierto hace meses. Amnistía Internacional celebró una conferencia de prensa sobre este tema en Bagdad en julio de 2003. Y mientras las fotografías y la historia de Abu Ghraib ocupaban las primeras páginas en Europa y en todas partes, al principio fueron enterradas en muchos periódicos estadounidenses, incluidos líderes como The New York Times. ¿Les preocupaba ofender a la Administración de Bush?

Los defensores del presidente Bush; del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y del Ejército, hacen hincapié en la dificultad de la tarea a la que se enfrentan en Irak, en la fragilidad y falibilidad humanas, y en el hecho de que siempre hay unas cuantas "manzanas podridas". Sin embargo, el sistema de gobierno estadounidense reconoce todo esto e intenta protegerse contra ello. Si hubieran sido fieles a la letra y el espíritu de estas salvaguardias, no habríamos estado en esta guerra o, por lo menos, no habríamos estado solos.

Sí, se puede concebir que Bush no tuviera información fiable sobre si Irak poseía o no armas de destrucción masiva. Pero, según las normas internacionales que teóricamente acata Estados Unidos, las guerras no se deben emprender basándose en el criterio de una sola persona y su camarilla. El criterio del mundo era que no había pruebas, y el mundo tenía razón. Simplemente con que Bush hubiera secundado los procesos democráticos ratificados por la Carta de Naciones Unidas, el trauma de Irak no tendría por qué haberse producido.

Sabemos que las personas y las instituciones cometen errores. Dichos errores son mucho más probables en tiempos de tensión. Tenemos que implantar normas y procedimientos, salvaguardias y un sistema legal que hagan que sea más probable que se haga justicia; y es en tiempos de tensión cuando tiene mayor importancia que se respeten esas salvaguardias. Está claro que no se realizaron las comprobaciones necesarias para impedir los malos tratos a los prisioneros iraquíes y afganos y que la Administración de Bush había creado un clima que hizo más probables, si no inevitables, dichos malos tratos.

Pero lo que es aún más fundamental es que algo ha fallado en el sistema de controles y equilibrios de la democracia estadounidense. El Congreso y la prensa deberían haber controlado al presidente. La comunidad internacional lo intentó. Desgraciadamente, el sistema global de derecho internacional y de gobierno sigue siendo demasiado débil para impedir el empecinamiento en portarse mal del presidente de la nación más poderosa del mundo cuando se le mete en la cabeza emprender una guerra por su cuenta. Es en momentos como éstos cuando nos damos cuenta de lo fina que puede llegar a ser la capa de barniz de nuestra civilización. Como declaraciones de valores y principios compartidos, la Carta de la ONU, la Declaración de los Derechos Humanos y los acuerdos de Ginebra son grandes logros. El que tengan o no fuerza de ley no es la cuestión; proporcionan una guía para el comportamiento civilizado. Cada una de ellas fue motivada por horrendas lecciones del pasado. Esperemos que de los escándalos de hoy surja un compromiso renovado de vivir de acuerdo a estos ideales y de reforzar las instituciones que fueron creadas para hacer que se respeten.