Imputados por delito ecológico los empresarios del aeropuerto de Castellón

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha llamado a declarar, en calidad de imputados, al representante de la sociedad pública Aerocas, promotora del aeropuerto de Castellón y al de la firma adjudicataria del proyecto, una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Lubasa, PGP y FCC. Además, a lo largo de esta semana se habrá de presentar también ante la juez, para ser interrogado como imputado en el mismo procedimiento, el jefe de obras de la concesionaria. El caso se inició con la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción, que comunicó que las obras para la ejecución del aeropuerto de Castellón incumplían la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Ésta prohibía cualquier tipo de movimiento de tierra, desbroce o voladura entre el 25 de marzo y el 15 de septiembre con el fin de respetar el período de nidificación del aguilucho cenizo, una especie protegida que escoge esta zona para su reproducción. Sin embargo, las obras no se paralizaron.

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, principal impulsor del proyecto dijo contar con un permiso especial de la Consejería de Territorio, al parecer, inexistente. Así, la juez ya dictó la paralización cautelar de las obras y ahora, a petición del fiscal, ha puesto en marcha unas diligencias en las que también recogerá la declaración, en calidad de testigos, de agentes medioambientales, agentes del Seprona y técnicos de la Generalitat Valenciana. Al departamento que dirige Rafael Blasco le ha requerido, además, para que presente el plan de conservación y protección del hábitat del aguilucho cenizo en la zona del futuro aeropuerto y en las colindantes, en el caso de que se encuentre redactado o, en caso contrario, de las razones por las que no lo ha elaborado.