Ayudas a la familia
En los últimos días se han publicado algunas encuestas en las que se hace referencia a las actitudes de las mujeres respecto a los hijos y al trabajo. En ellos se pone de relieve que muy pocas mujeres abandonarían su vida profesional para dedicarse a los hijos y a la familia. Igualmente se manifiesta que el peso de las cargas familiares sigue recayendo en gran medida sobre sus hombros.
Las dificultades de compaginar la vida familiar con la laboral (la falta de tiempo y de dinero, fundamentalmente), provocan que la mayoría opte por disminuir el número de hijos. En un país con importantes problemas de natalidad como el nuestro, estos temas constituyen una cuestión relevante. De ahí que, reiteradamente, se reclame el incremento de las ayudas a la familia. Últimamente se ha observado una mayor atención por parte del legislador, atención que en la práctica parece todavía insuficiente.
El pasado mes de diciembre tuvo lugar una importante reordenación de las prestaciones de protección familiar de la Seguridad Social. En los últimos tiempos se habían ido aprobando distintas ayudas y se hacía necesario una reestructuración de las mismas.
En primer lugar se mantienen las ayudas por hijo a cargo. La prestación consiste en una asignación económica que se reconoce por cada hijo o acogido a cargo del beneficiario, siempre que éste sea menor de 18 años o mayor afectado de una minusvalía importante.Junto a ellas aparece la prestación por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos. Se trata, en este caso, de una prestación de pago único. También se va otorgar una prestación económica por parto o adopción múltiple consistente en una única asignación dineraria que se abona cuando el número de hijos nacidos o adoptados sea igual o superior a dos.
En cualquier caso, debe precisarse, que la percepción de tales ayudas (salvo la de parto múltiple), está condicionada a la no superación de un determinado nivel de ingresos.
También deben tenerse en cuenta las otorgadas por las comunidades autónomas, así como las previstas en el ámbito laboral (excedencias, reducción de jornada...) y las deducciones fiscales.
