Prohibición de la Consulta Europea

El domingo 13 de junio estaba previsto que se celebrase en un centenar de localidades lo que dio en llamarse la Consulta Social Europea. El propósito de esta última no era otro que preguntar a la ciudadanía sobre algunas cuestiones clave en relación con la UE de estas horas -su salud democrática, los derechos sociales, el gasto militar o, cómo no, el perfil de la Constitución en ciernes- y aprovechar el trabajo realizado al respecto para fortalecer un tejido organizativo con capacidad de discusión crítica.

Ante el estupor de las redes inmersas en el aprestamiento de una consulta de cariz visiblemente no partidario, la Junta Electoral Central procedió a prohibir aquélla, y ello pese a que en ningún caso haya podido documentarse que la colocación de las urnas correspondientes -siempre en lugares alejados de los colegios electorales y con premeditada discreción- tuviese efecto alguno sobre las elecciones al Parlamento Europeo que ese mismo día se celebraban.

No puede por menos que sorprender la actitud represiva asumida por la Junta Electoral Central en un país en el que las autoridades dicen lamentar -qué otra cosa podrían hacer, vistos los resultados- la escasa participación de la ciudadanía en las elecciones del 13 de junio. Y sorprende tanto más cuanto que, curiosamente, en marzo de 2000, con un Gobierno entonces del Partido Popular, se reveló una mayor permisividad en lo que se refiere a la celebración, en paralelo con las elecciones generales, de una consulta social sobre la abolición de la deuda externa.

Obligado parece concluir que semejante actitud es un fiel reflejo, uno más, de un déficit democrático que no hay motivo alguno para colegir que está remitiendo entre nosotros.